Cinco funcionarios del Servicio Penitenciario y otros cuatro acusados de corrupción vuelven a la cárcel

Un juez revocó el arresto domiciliario que se les había otorgado a nueve personas involucradas en una causa por presunta corrupción en el Servicio Penitenciario de Salta. Se trata de cinco funcionarios de dicha institución, entre ellos tres jefes, y cuatro civiles, entre ellos la madre de un preso que habría facilitado el ingreso de drogas al penal.

La decisión se basa en el recurso de apelación presentado por la Unidad Fiscal, que argumentó que el arresto domiciliario ponía en riesgo la investigación y la integridad de los testigos. El juez Pablo Mariño ordenó que los nueve acusados sean trasladados a una dependencia donde no tengan contacto con los internos ni con sus colegas de trabajo, o en su defecto, a una dependencia federal. También dispuso que otras cuatro mujeres imputadas en la causa sigan bajo arresto domiciliario.

La causa se inició en diciembre del año pasado, tras una serie de allanamientos en el penal de la UUC Nº 1, donde se secuestraron celulares, dinero, drogas y armas. La investigación continúa en curso y se espera que en los próximos días se tomen declaraciones a posibles testigos.