El Tribunal del Mar fijó el 10 y 11 de noviembre para las audiencias por el reclamo argentino en Malvinas

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) puso fecha a su primer paso en el conflicto por el petróleo en Malvinas: va a escuchar a las partes el 10 y el 11 de noviembre, en las audiencias donde revisará el pedido de medidas cautelares que el Gobierno de Javier Milei presentó contra el Reino Unido. La fecha salió este martes por una orden del presidente del tribunal, el juez Maurice Kamga, según un comunicado del propio organismo con sede en Hamburgo.

El Gobierno había llevado este mismo reclamo ante el tribunal el 13 de octubre, apoyado en un artículo de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar que habilita pedir medidas provisionales mientras se arma un tribunal arbitral para el fondo del tema. Lo que la Argentina quiere conseguir es que las petroleras británicas dejen de operar en las aguas del Atlántico Sur que rodean el archipiélago, mientras dure la disputa de soberanía.

Detrás del reclamo está el yacimiento Sea Lion, que la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper planean empezar a explotar entre 2027 y 2028. Ese anuncio metió más tensión en la relación de Milei con Londres, y también con Chile: gran parte de la logística que hoy sostiene esa actividad sale del lado privado de Punta Arenas.

Dentro del Gobierno manejan una expectativa optimista: calculan que, terminadas las audiencias de noviembre, no va a pasar demasiado tiempo hasta que se sepa si las cautelares se otorgan o no, aunque esa resolución sea independiente de la cuestión de fondo. Lo que el tribunal no tiene permitido decidir, en ningún escenario, es sobre el reclamo de soberanía que la Argentina mantiene frente a Gran Bretaña: su competencia se limita al conflicto puntual por la actividad petrolera.

Las audiencias van a ser abiertas al público y con transmisión en vivo por streaming; los videos quedan disponibles después en la página del organismo. Según el TIDM, la definición de las fechas habilita una etapa clave de la estrategia jurídica argentina, porque ahí cada parte va a poder exponer sus argumentos antes de que los jueces se pronuncien sobre lo que pide Buenos Aires.

El TIDM nació en 1982, al amparo de la misma Convención de las Naciones Unidas, y tiene 21 jueces —entre ellos, una vicepresidenta argentina—. Gran Bretaña no cuenta con un juez propio en el cuerpo, así que puede designar uno ad hoc para este expediente. No es la primera vez que la Argentina golpea esa puerta: en 2012 pidió ahí mismo que liberaran a la Fragata Libertad, retenida en ese momento en Ghana por un fondo buitre, y el tribunal terminó sacando al buque de esa maraña legal.

La novedad llega apenas un día después de que Estados Unidos sumara otro frente a la disputa, al proponer en la ONU disolver el comité donde la Argentina reclama por Malvinas.