Reforma del Banco Central: el oficialismo evalúa un veto parcial o un DNU para destrabar la remoción de sus autoridades

El Gobierno busca cómo destrabar un cambio que el Senado introdujo en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, un punto que la Cámara de Diputados no reúne los votos para revertir. Según reconstruyó Clarín con fuentes parlamentarias, el oficialismo prevé retomar el tratamiento del proyecto en comisión recién después de dictaminar la ley de Defensa de la Soberanía Nacional —la Ley Malvinas—, que La Libertad Avanza busca llevar al recinto esta semana, en la misma sesión en la que convocó a Diputados con sus propios proyectos.

El punto de fricción es el artículo que define cómo se remueve al presidente y a los directores del Central. El texto que impulsó originalmente la Casa Rosada exigía el voto de dos tercios de ambas cámaras para desplazar a esas autoridades. En la sesión de septiembre, para sumar a los bloques aliados —y con el acompañamiento del peronismo, que había rechazado el proyecto en general—, el Senado bajó esa exigencia a la mayoría absoluta de la cámara alta. El artículo se aprobó en particular por 66 votos contra 2.

Diputados, como cámara revisora, sólo puede convalidar la versión que llegó del Senado o insistir con la original, y para esto último necesita los mismos dos tercios que no consiguió en agosto, cuando el proyecto completo sumó 144 votos a favor y 102 en contra. Es la misma aritmética que le faltó a la oposición el 15 de octubre, cuando no logró el quórum para voltear el DNU 70 en una sesión a la que le faltaron ocho bancas.

Ante ese escenario, el oficialismo evalúa dos caminos: promulgar la ley tal como quedó redactada en el Senado, o un veto parcial que recorte el artículo sobre la remoción y lo reemplace por un DNU. Fuentes oficialistas sostienen que el Gobierno mantiene la intención de que ambas cámaras intervengan en ese mecanismo, pero con mayoría absoluta en lugar de dos tercios, para sumar el respaldo de aliados y de parte de la oposición. Un decreto en ese sentido necesitaría, de todos modos, el aval posterior de al menos una de las dos cámaras para no caer.

Mientras no se resuelva, sigue abierto el debate de fondo: qué controles conserva el Poder Ejecutivo sobre la conducción del Banco Central, más allá de la redacción final que termine teniendo el artículo.