La operadora se desligó de la fuga en el pozo LO-x10, activo desde 1983, y envió una carta documento a la petrolera estatal. Acusa abandono técnico y apunta a la vía judicial.
El conflicto por el pozo petrolero descontrolado en Lomas de Olmedo sumó un nuevo capítulo: President Petroleum, actual concesionaria del área Puesto Guardián, deslindó toda responsabilidad por los derrames que se registran desde hace casi dos años cerca de Pichanal y apuntó directamente contra YPF, a quien acusa de haber dejado el pozo LO-x10 “en deficiente estado de abandono técnico”.
En un comunicado oficial, President Petroleum afirmó que el pozo en cuestión fue perforado por la petrolera estatal en 1983 y nunca estuvo operativo bajo su gestión. “No fue un activo sujeto a explotación. Fue heredado en estado crítico y sin el sellado adecuado que evite la migración de fluidos”, señaló la empresa, que además intimó a YPF a través de una carta documento, dejando entrever que podría judicializar el caso.
La compañía, que atraviesa una crítica situación financiera y está concursada desde 2014, sostuvo que desde agosto de 2023 informó a la Secretaría de Minería y Energía de Salta sobre las primeras fugas y, más recientemente, sobre violentas erupciones registradas desde el 19 de mayo. Aseguró haber cumplido “con todas las medidas preventivas solicitadas por la autoridad”, pero insistió en que el origen del desastre es previo y ajeno a su responsabilidad.
La petrolera agregó que la situación del LO-x10 replica la del pozo MdT-14 en Martínez de Tineo, también en Puesto Guardián, que estuvo fuera de control entre 2006 y 2012 y derivó en otro conflicto judicial.
Por su parte, Pablo Guantay, director general de Energía e Hidrocarburos, recordó que la cuenca noroeste tiene más de un siglo de actividad, y que muchas perforaciones realizadas antes de 1996 no se ajustaban a los protocolos modernos de abandono técnico. En ese sentido, explicó que se viene realizando un relevamiento exhaustivo de pozos inactivos con riesgo operativo, en especial aquellos perforados antes de la privatización de YPF.
Guantay confirmó que desde agosto del año pasado se le exigieron a la operadora trabajos para contener las fluencias del LO-x10, siguiendo criterios de seguridad ambiental. Mientras tanto, el expediente ya está en manos de organismos judiciales y podría desencadenar un proceso legal por daño ambiental.
El conflicto pone en evidencia las consecuencias de una herencia petrolera mal gestionada, que hoy amenaza con convertirse en una bomba ecológica en el norte salteño.
