El nuevo fondo para pagar indemnizaciones arrancaría en diciembre: qué cambia para 550 mil empleadores

El sistema que va a cambiar la manera en que las empresas afrontan las indemnizaciones y los juicios laborales podría demorar su estreno. El Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que nació con la reforma laboral y alcanza a todos los empleadores privados, tiene como fecha de arranque el 1° de noviembre, fijada por decreto. En el mercado financiero, sin embargo, dan por probable que ese comienzo se corra a diciembre: las cámaras de fondos comunes de inversión y de fondos fiduciarios pidieron por escrito un mes más para terminar de acomodar sus sistemas. Fuentes oficiales consultadas por Clarín no confirmaron la prórroga, aunque sí admitieron que esas conversaciones existieron. Bancos y agentes bursátiles esperan una definición.

Sería la segunda vez que se corre la fecha

El cronograma ya se movió una vez. La norma que aprobó el Congreso preveía el arranque para junio y le dio al Poder Ejecutivo un margen de seis meses para reprogramarlo; en mayo, el Gobierno usó parte de ese margen y lo llevó a noviembre. Como la fecha vigente se fijó por decreto, cualquier cambio tiene que aparecer en el Boletín Oficial. Si eso ocurre, el esquema empezaría a funcionar en diciembre, pero los aportes recién se girarían a los administradores del fondo a partir de enero.

A quiénes alcanza y qué les cambia

El FAL es obligatorio y no distingue por tamaño: según fuentes privadas, son unos 550 mil empleadores, de pymes a grandes compañías, cualquiera sea la cantidad de personal que tengan en su nómina. Quedan afuera el empleo público, la construcción y las trabajadoras de casas particulares. Para las empresas, el esquema no modifica cuánto aportan, sino adónde va ese dinero: una porción —2,5% en el caso de las pymes y 1% para el resto— deja de ir al sistema previsional y pasa al mercado de capitales, en una cuenta propia de cada empleador destinada a cubrir despidos y litigios.

El plazo que todavía se discute

Hay un segundo punto sobre la mesa. La reglamentación estableció que el dinero depositado debe permanecer invertido seis meses —en el menú de bonos y acciones que habilita la regulación— antes de poder usarse para pagar una indemnización. El sector financiero pidió estirar ese piso a doce meses, con el argumento de que el año próximo es electoral y que una ola de rescates a mitad de camino podría golpear a los bonos. El artículo 65 de la reforma habilita al Ejecutivo a fijar un plazo mayor, de modo que alcanzaría con un decreto reglamentario.

La letra chica y el costo fiscal

El reclamo más repetido de las empresas durante estos meses fue de claridad: poner en marcha el FAL implica rehacer circuitos internos y la conexión con ARCA y con la Comisión Nacional de Valores. El Estado también hizo sus cuentas. El proyecto de Presupuesto 2027 incluyó una estimación del costo del esquema: casi 0,2% del PBI que el fisco dejará de recibir en concepto de aportes a la seguridad social, porque ese dinero cambia de destino.

La reforma que creó el fondo viene con recorrido accidentado: la Justicia frenó por tres meses dos de sus artículos. Y el universo que deberá adherir llega golpeado, también en Salta, donde las pymes alertan por cierres récord.