Niñez en Salta: el 44% de las medidas de protección se dictó por situaciones de violencia

De cada diez chicos que entraron al sistema de protección de derechos de Salta en lo que va del año, cuatro llegaron por una situación de violencia. Así lo muestran los registros de la Secretaría de Niñez y Familia de la Provincia: entre enero y julio de 2026, el 44% de las medidas de protección integral que dictó el organismo se vinculó con algún tipo de maltrato. Otro 43% respondió a dificultades de los adultos para ejercer la responsabilidad parental y un 3% a situaciones de negligencia.

Los datos los dio a conocer Cristian López Tráficando, subsecretario de Niñez y Familia. La medida de protección integral es la herramienta más leve de las dos que maneja el sistema: se aplica cuando un derecho fue vulnerado pero el chico puede seguir viviendo con su familia, acompañado por los equipos técnicos. Cuando la gravedad obliga a sacarlo de su casa, la figura es la medida de protección excepcional, que dura 90 días prorrogables por otros 90 —seis meses como tope— y pasa por un control judicial de legalidad con juez y asesor de incapaces. En ese grupo, las situaciones de violencia explicaron el 19% de lo actuado en el mismo período.

Los pedidos de intervención se triplicaron desde 2022

El volumen de trabajo del organismo viene creciendo todos los años. En 2022 llegaron cerca de 4.500 pedidos de intervención; en 2023 fueron unos 7.000; en 2024, alrededor de 10.000. El año pasado la Secretaría cerró con más de 12.000 intervenciones efectivas en todo el territorio provincial. El organismo funciona con dos subsecretarías: la de Primera Infancia, dedicada a las tareas preventivas —la misma línea de trabajo de los centros de desarrollo infantil que la Provincia construye con fondos propios—, y la de Niñez y Familias, que entra en escena cuando la vulneración ya se produjo. En el interior tiene cuatro delegaciones regionales, en Tartagal, Orán, Metán y Rosario de la Frontera, con equipos interdisciplinarios, abogados y hogares de protección.

El funcionario atribuyó ese crecimiento a una suma de factores: problemas de salud mental, consumos problemáticos que en algunas familias ya alcanzan a la segunda o la tercera generación, y el debilitamiento de las redes de parientes —abuelos, tíos, primos— que antes funcionaban como primer amortiguador. La situación económica, aclaró, agrava el cuadro, aunque la ley prohíbe que un chico ingrese a un hogar residencial sólo por motivos de pobreza.

El mapa de la demanda no es parejo. Según el informe de gestión cerrado en 2025, la jurisdicción Capital concentra alrededor del 65% de las intervenciones, un área que además de la ciudad abarca el Valle de Lerma, Cerrillos, Coronel Moldes, Joaquín V. González, Cafayate y los Valles Calchaquíes. Detrás aparece la delegación de Tartagal, con el 17%, que cubre hasta Salvador Mazza, Santa Victoria Este y Embarcación. Orán reúne el 12%, Metán el 4% y Rosario de la Frontera el 2%.

Qué llega a la Línea 102

La otra puerta de entrada es el teléfono. La Línea 102 es gratuita, anónima y la atienden psicólogos las 24 horas, los 365 días del año; puede llamar cualquier chico, sin importar la edad, para consultar o avisar que algo está pasando. De los llamados recibidos durante 2026, el 11% fueron por maltrato físico o psicológico, el 17% por negligencia en los cuidados, el 8% por conflictos familiares y el 5% por posibles situaciones de abuso sexual infantil.

López Tráficando advirtió que la violencia tampoco se agota en el golpe: mencionó el grooming y el ciberbullying entre las situaciones que hoy obligan a intervenir, un terreno que también empezó a moverse en el plano legislativo con dos proyectos de ley contra la violencia digital en las escuelas presentados en Buenos Aires. Y señaló que siguen vigentes pautas de crianza que naturalizan el castigo físico, como el chirlo usado como correctivo.

Más denuncias no significa, por sí solo, más casos

Desde el Ministerio Público, Matilde Alonso, directora del Servicio de Asistencia a la Víctima (SAVIC) y de la Oficina de Orientación y Denuncia, describió un fuerte aumento de las presentaciones por maltrato infantil, violencia doméstica y de género en los últimos seis meses. Pero pidió leer el dato con cuidado: el alza puede estar hablando de mejor detección antes que de más hechos. "Hay una mayor incidencia de denuncias por estas situaciones", sostuvo.

Alonso vinculó parte de ese cambio con la Ley Lucio (27.709), sancionada en 2023 después del asesinato del nene de cinco años en La Pampa, que obliga a capacitar en detección temprana de maltrato y abuso. En Salta la formación "Crecer con Derechos" estará disponible entre fines de octubre y principios de noviembre: será obligatoria para los agentes públicos y abierta a organizaciones civiles y a cualquier vecino que quiera hacerla.

La funcionaria remarcó además que detrás de muchas denuncias por violencia entre adultos también hay chicos expuestos, aunque el relato inicial no los mencione, y que la protección no depende sólo de la familia: escuelas, hospitales, centros de salud, fuerzas de seguridad y vecinos son los que suelen ver primero. Las denuncias, dijo, llegan desde todos los departamentos y de todos los sectores sociales a través del sistema web del Ministerio Público: "La violencia es ubicua, en el sentido que afecta a todas las clases sociales, a todas las jurisdicciones territoriales".