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Máximo Kirchner va a juicio por Los Sauces: lo acusan de organizar una asociación ilícita

El debate empieza el 23 de octubre y es la primera vez que el diputado se sienta en el banquillo. Lo acusan de organizador de una asociación ilícita y coautor de lavado de activos: firmó los cheques y contratos con los que el patrimonio de la inmobiliaria familiar creció 12.000%.

Por Salta News
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Máximo Kirchner va a juicio por Los Sauces: lo acusan de organizar una asociación ilícita
El diputado nacional afronta su primer juicio oral. Foto de archivo. · Foto: Clarín

El diputado nacional Máximo Kirchner será juzgado desde el 23 de octubre por la causa Los Sauces, la inmobiliaria que su familia fundó en 2006. Es la primera vez que se sienta en el banquillo de los acusados: la acusación lo señala como organizador de una asociación ilícita y coautor del delito de lavado de activos.

El expediente sostiene que la sociedad nunca tuvo un fin comercial real. Según el requerimiento, entre enero de 2009 y marzo de 2016 el líder de La Cámpora dirigió un esquema para darle apariencia legal a fondos que venían de dos frentes: la obra pública vial adjudicada al grupo de Lázaro Báez y los contratos y beneficios otorgados al Grupo Indalo, de Cristóbal López. El mecanismo, describe la Fiscalía, consistía en cobrar ese dinero como si fueran alquileres de departamentos y hoteles. Los dos empresarios concentraron el 88% de la facturación de la firma.

En números, la acusación le atribuye haber posibilitado que el patrimonio de Los Sauces creciera un 12.000%, y haber firmado los contratos de locación y los movimientos bancarios por los que ingresaron $25.968.042,30.

Una audiencia el jueves define el alcance del juicio

Antes del arranque hay un trámite pendiente. El jueves 15 la Cámara Federal de Casación Penal resolverá si se juzga sólo Los Sauces o si el debate incluye además las operaciones de la hotelera Hotesur SA, la otra firma familiar donde la instrucción dio por corroboradas maniobras de blanqueo.

El Tribunal Oral Federal 5 —integrado por José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Pallioti— había dispuesto dos juicios separados, con el argumento de que los expedientes tienen objetos procesales distintos y testigos que no se repiten, y que dividirlos imprimiría más celeridad. El fiscal general Diego Velasco se opuso: para el Ministerio Público las dos empresas sirvieron al mismo circuito. "Las compañías no tenían un fin comercial real, fueron solo una pantalla para la maniobra delictiva", sostiene la acusación.

Cheques, terrenos y cuatro hoteles en Santa Cruz

La prueba documental que lo complica es, sobre todo, su propia firma. Kirchner fue designado presidente del directorio al crearse la sociedad, con la intervención de Néstor y Cristina Kirchner, y desde ese cargo aprobó las compras y manejó los pagos.

En Puerto Madero la inmobiliaria adquirió un departamento del complejo Madero Center por USD 943.000 y un dúplex sobre la calle Juana Manso por USD 1.407.000. Los anticipos de las dos operaciones se pagaron el mismo día, con cheques de la cuenta personal de su padre que él mismo suscribió, y las unidades terminaron alquiladas a firmas del Grupo Indalo. En uno de los casos, además, se autorizó a sí mismo a formalizar la escritura.

En Santa Cruz el requerimiento enumera un terreno de 18.153 metros cuadrados que la Municipalidad de El Calafate vendió a $7,50 el metro —$136.149 en total, contra una valuación oficial de $445.000—, el lote contiguo al Hotel Los Sauces y un cuarto complejo turístico en El Chaltén comprado por $200.000 cuando la tasación superaba los $2.890.000. Hay también lo que la Fiscalía llama una simulación: Kirchner firmó la compraventa de un terreno en Río Gallegos a Austral Construcciones por USD 97.000 y después una nota para dejarla sin efecto, de modo que la sociedad se quedó con el inmueble sin haberlo pagado.

Entre los bienes de la empresa está el departamento de la calle San José 1111, donde la ex presidenta cumple hoy su condena por el caso Vialidad y sobre el que la Justicia ya ordenó un embargo.

El calendario judicial le llega en plena actividad parlamentaria: la Cámara de Diputados tiene convocadas sesiones para el 15 y el 21 de octubre, los días previos al inicio del debate oral.

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