Malvinas: un proyecto busca dejar sin efecto dos acuerdos fiscales con Chile

El reclamo por Malvinas volvió a cruzarse con la política tributaria. El diputado nacional Guillermo Michel, del peronismo entrerriano, presentó un proyecto de ley para que el Gobierno notifique su retiro de dos acuerdos bilaterales que hoy les recortan impuestos a las compañías de Chile con negocios en territorio argentino.

El motivo que el legislador puso en los fundamentos es un servicio marítimo: el tramo comercial que une Punta Arenas con Puerto Argentino vuelve a funcionar en noviembre, con el buque *Danstar* —bandera chilena, de la naviera Easter Island— haciendo el primer viaje para llevar mercadería a los habitantes de las islas. Para Michel, reponer esa conexión regular es "una muestra concreta de la falta de solidaridad de Chile con la causa Malvinas".

Qué dos acuerdos pone en juego

El texto le pide al Poder Ejecutivo que actúe por medio de la Cancillería y denuncie dos instrumentos. Uno es el tratado de promoción y protección recíproca de inversiones con Chile, incorporado por la Ley 24.342. El otro es el convenio para evitar que una misma renta pague impuesto en los dos países y para frenar la evasión, aprobado por la Ley 27.274.

Denunciar un tratado no equivale a cortar el vínculo diplomático: es el aviso formal de que un Estado se baja del acuerdo. Mientras los dos sigan vigentes, fijan techos a lo que la Argentina puede retener cuando una empresa chilena gira dividendos, cobra intereses o percibe regalías por lo que produce acá. Si cayeran, esas firmas quedarían sin el alivio impositivo que hoy tienen.

El antecedente de la ley de hidrocarburos

En los fundamentos aparece además una norma que ya está en los libros: la Ley 26.659, corregida por la 26.915, que prohíbe y sanciona la búsqueda y extracción de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin permiso de la autoridad nacional. Michel sostiene que el Gobierno retomó hace poco la aplicación de ese régimen contra operaciones que considera ilegítimas, y que ese paso debería continuar en el plano económico y tributario, tanto frente al Reino Unido como frente a terceros países.

El diputado recordó que la disputa de soberanía abarca Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos de alrededor, y apuntó contra los que "prestan colaboración logística al accionar ilegal de empresas en ese territorio argentino". Su planteo, aclaró, no apunta a romper el diálogo con Santiago: "Tienen que decidirse".

Por ahora es una iniciativa parlamentaria, sin tratamiento. Para avanzar necesita una sesión en la Cámara baja, cuyo calendario de octubre está en disputa: el oficialismo convocó su propia fecha para el 21 y busca desactivar la del 15. En Salta, donde la causa Malvinas sigue siendo tema de agenda —hasta la Feria del Libro recordó el histórico Argentina-Inglaterra del 86—, el proyecto se suma a un reclamo que no es nuevo pero que ahora busca una vía fiscal.