La Fiscalía formalizó la acusación contra el ex presidente de Pan Solidario por presuntas maniobras irregulares.
La investigación por presuntas irregularidades en la administración de la Panadería Social dio un paso clave hacia el juicio. La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) presentó la acusación formal contra Luis Emilio Fayón Medina, extitular de la Sociedad del Estado Pan Solidario, y contra dos integrantes de su entorno familiar, en una causa que estima un perjuicio económico superior a los 150 millones de pesos.
La fiscal penal interina Ana Inés Salinas Odorisio imputó a Fayón Medina como presunto autor del delito de fraude a la administración pública, mientras que su esposa, Roxana González Domínguez, y su cuñada, Josefina González Domínguez, fueron acusadas como partícipes necesarias.
La causa se originó a partir de una denuncia presentada por la Municipalidad de Salta en mayo de 2024. Según la hipótesis fiscal, durante su gestión al frente de Pan Solidario, entre abril de 2021 y enero de 2024, Fayón Medina habría autorizado contrataciones con proveedoras vinculadas a su círculo familiar, en operaciones que actualmente son objeto de investigación.
De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, ambas mujeres se registraron como proveedoras del organismo poco antes de concretar las operaciones cuestionadas y no contaban con antecedentes comerciales ni experiencia previa en el rubro. Las contrataciones bajo análisis superaron los 56 millones de pesos.
La investigación sostiene que parte de la mercadería facturada nunca habría ingresado efectivamente a la institución o no fue registrada en los sistemas de control de stock. Los informes elaborados por especialistas en delitos económicos detectaron faltantes de insumos valuados en cifras millonarias, cuya actualización supera actualmente los 150 millones de pesos.
Entre las observaciones realizadas por los investigadores también figuran presuntos sobreprecios en la compra de distintos productos utilizados por la panadería. Uno de los casos señalados corresponde a la adquisición de margarina industrial a valores significativamente superiores a los de mercado, lo que habría ocasionado un perjuicio económico estimado en más de 3 millones de pesos.
Asimismo, se detectaron compras de materias primas en volúmenes que excedían las necesidades productivas del establecimiento. Parte de esos insumos, entre ellos harina y dulce de leche, no pudo ser localizada ni justificada en los registros oficiales.
Para la Fiscalía, las maniobras investigadas habrían permitido el desvío de fondos públicos mediante contrataciones incompatibles, facturación de mercadería que no ingresó al organismo y adquisiciones realizadas con precios presuntamente inflados.
Con la acusación ya presentada, la Oficina Judicial deberá designar al juez que intervendrá en la etapa de control. Posteriormente se convocará a una audiencia en la que se analizará si existen elementos suficientes para elevar la causa a juicio.
