La investigación por los incendios forestales registrados en Cafayate avanza bajo distintas figuras penales vinculadas al daño ambiental y al delito de incendio.
La fiscal de Cafayate, Sandra Rojas, brindó detalles sobre el encuadre legal de la causa y aclaró que, hasta el momento, no existe una vinculación directa comprobada entre los incendios y un proyecto inmobiliario específico.
“No hay una determinación que indique que esto sea a causa de un proyecto inmobiliario. Lo que se investiga es la identificación de las personas causantes de este hecho”, explicó la funcionaria judicial.
Sin embargo, Rojas recordó que existen normativas nacionales vinculadas al manejo del fuego que establecen severas restricciones para el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios en zonas afectadas por incendios forestales.
Según indicó, las limitaciones pueden extenderse entre 30 y 60 años en áreas impactadas por el fuego, con el objetivo de proteger y permitir la recuperación del ecosistema dañado.
En paralelo, la fiscal confirmó que la causa también se investiga bajo figuras previstas en el Código Penal, entre ellas el delito de incendio, que contempla penas de entre 3 y 10 años de prisión en los casos básicos.
Además, las sanciones pueden agravarse cuando el hecho genera peligro común para personas, viviendas, infraestructura o bienes de terceros.
“Cuando hablamos de quien causa un incendio, la pena va de 3 a 10 años de prisión, y puede agravarse si hay peligro común para los bienes o las personas”, sostuvo Rojas.
La investigación también contempla posibles figuras culposas en caso de que el incendio haya sido provocado por negligencia, imprudencia o impericia. En esos escenarios, las penas previstas son menores y pueden ir desde un mes hasta un año de prisión.
La fiscal detalló que hasta ahora se realizaron entrevistas, testimoniales y relevamientos técnicos junto a organismos provinciales y municipales para reconstruir el origen y evolución del fuego.
Además, indicó que no existen actualmente titulares registrales constituidos formalmente como querellantes dentro del expediente judicial.
Desde la Fiscalía remarcaron que el caso presenta una alta complejidad debido al impacto ambiental generado, la extensión del área afectada y las dificultades propias del terreno donde se desarrolló el incendio.
Mientras tanto, continúan las tareas coordinadas entre Defensa Civil, brigadistas y organismos de seguridad para evitar la reactivación de focos en la zona afectada.
