Golpe al fraude previsional: detectan red de pensiones truchas en Salta

Una auditoría federal expuso un esquema sistemático de corrupción en la entrega de pensiones por invalidez. La Justicia investiga una red integrada por médicos, funcionarios y empleados públicos.

Una megainvestigación judicial sacude a la provincia de Salta tras la detección de casi 20 mil pensiones no contributivas por invalidez otorgadas de manera irregular. La trama, que podría derivar en cientos de imputaciones, involucra a profesionales de la salud, agentes administrativos y funcionarios de distintos niveles, y forma parte de una causa federal que ya suma antecedentes en otras provincias del norte argentino.

Todo comenzó en Taco Pozo, una localidad chaqueña limítrofe con Salta, donde se descubrió que certificados médicos falsos eran utilizados para tramitar beneficios previsionales. Las alarmas se activaron cuando se comprobó que un médico con consultorio en Joaquín V. González emitía documentación falsa que luego se usaba en trámites en Chaco. Desde allí, el caso escaló rápidamente a nivel nacional.

Según el fiscal federal Carlos Amad, la maniobra se replica a gran escala en Salta. “Estamos hablando de montos escandalosos y de una organización compleja que opera desde hace años”, advirtió. El fiscal detalló que ya trabajan con pruebas contundentes: documentos apócrifos, estudios médicos duplicados y certificados con imágenes recicladas, algunos tan absurdos como una radiografía veterinaria presentada como prueba humana.

En Taco Pozo, entre 2020 y 2023, se otorgaron 740 pensiones bajo esta modalidad fraudulenta. La causa ya tiene 13 imputados, incluidos el intendente Carlos Ibáñez, empleados de ANSES y tres médicos, entre ellos Rafael Lenín Azañero Anaya, exdirector del hospital de Joaquín V. González.