Finca Las Costas: la Justicia intimó a volver atrás lo construido pese a la cautelar

El juzgado que tramita el amparo ambiental por la reserva de Finca Las Costas cursó decenas de notificaciones a quienes desobedecieron la medida de no innovar y les dio 25 días para restablecer las cosas a su estado anterior. La cautelar rige desde diciembre de 2020 y prohíbe construir, introducir animales y extraer áridos dentro del área protegida.

El detalle importa más allá del expediente porque lo que está en juego es agua: la finca es la cuenca que abastece al área metropolitana de Salta, y ésa fue la razón por la que la Provincia la declaró Reserva Intangible en 1995, con el decreto 2327, un marco que después amplió el decreto 488 de 1998 y completó el 3741 de 2007. El amparo lo presentó la propia Provincia en 2020 ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Décima Nominación y tramita como expediente 718.742/2020, según publicó El Tribuno.

Lo que empuja ahora las intimaciones es un informe incorporado a ese expediente, con imágenes satelitales y fotografías, que contabilizó 24 puntos de cambio entre diciembre de 2020 y 2025: 21 construcciones nuevas, dos usos agropecuarios y una extracción de áridos. La sentencia había ordenado a la autoridad ambiental provincial asegurar el cumplimiento e informar cualquier alteración, y dispuso vigilancia con guardaparques, consigna policial y rondas periódicas. Las notificaciones por incumplimiento superarían el medio centenar.

Hay también causas penales abiertas desde 2023 por obras levantadas pese a la orden de suspensión, con imputaciones provisionales por desobediencia judicial —una imputación no es una condena—, y una causa de 2024 por ofrecimiento y transferencia de lotes de la reserva que sí terminó en una condena por estelionato.

El abogado Nicolás Zenteno Núñez, que preside el Comité de Gestión de la reserva, puso el eje en el estatus del suelo. "Finca Las Costas es de la Provincia de Salta, pertenece al dominio público y está afectada a la provisión de agua para todos los salteños", sostuvo, y recordó que el Código Civil y Comercial declara inenajenables, inembargables e imprescriptibles a los bienes públicos del Estado: una compraventa entre particulares, dijo, no transmite ese dominio. Sobre el argumento de los años vividos adentro fue igual de tajante: "El tiempo de permanencia no genera propiedad sobre un bien público".

La contracara es que vivir ahí no es por sí mismo ilegal. Desde 2007 buena parte de la superficie funciona como Reserva Natural de Uso Múltiple, una figura que admite usos sustentables; lo que exige la ley 7.107 es que quien esté adentro tenga un título reconocido por la Provincia, y en las zonas núcleo prohíbe los asentamientos y las viviendas. Ocupar y poder construir, además, son dos cosas distintas: una obra nueva necesita autorizaciones ambientales, administrativas y municipales propias.

En esa línea preventiva, el Comité ya pidió al ENRESP un régimen especial para los medidores eléctricos dentro de la reserva, para que un certificado de domicilio deje de alcanzar como llave de entrada. Ahora espera que se termine el relevamiento de pobladores para llevarlo a la Justicia junto con nuevos antecedentes técnicos, y convocó a un proceso de diálogo para identificar con precisión a los integrantes de la comunidad que vive en la finca.