Finca Las Costas: el Comité de Gestión pidió al ENRESP controlar los suministros eléctricos en la reserva

La Reserva de Finca Las Costas ocupa más de 10.000 hectáreas al oeste de la ciudad de Salta y cumple una función que no se ve desde la ruta: es parte de la cuenca que abastece de agua potable a la capital. Sobre ese territorio pesan un decreto de protección de 1995, una ley provincial y una medida judicial que sigue en pie desde hace casi seis años. El Comité de Gestión que administra la reserva informó este sábado qué está haciendo para que esas normas se cumplan, y el dato más concreto es un pedido administrativo nuevo.

El pedido al ENRESP: la llave eléctrica como control ambiental

El Comité presentó ante el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP) una solicitud para que la entrega de suministros eléctricos dentro del área protegida quede atada a las exigencias ambientales y a los permisos que rigen en la reserva. Es una vía indirecta pero efectiva: sin conexión a la red, una construcción levantada al margen de las autorizaciones pierde viabilidad. El organismo ya había aparecido este mes en otra iniciativa vinculada al recurso hídrico, cuando el ENRESP firmó un convenio con Educación y la Fundación Aguas para llevar el cuidado del agua a las escuelas salteñas, tres días antes de este anuncio.

En paralelo, el Comité dijo que articula tareas con la Municipalidad de San Lorenzo y con organismos provinciales para coordinar los controles sobre el terreno.

Qué dice la cautelar que rige desde diciembre de 2020

El antecedente judicial es el que explica el resto. En 2020 la Provincia inició un amparo ambiental por las construcciones y actividades capaces de comprometer la conservación del predio. La causa lleva el número de expediente EXP-718742/20 y tramita ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Décima Nominación.

La medida cautelar llegó en diciembre de 2020 y trajo dos órdenes: frenar las obras que estuvieran en marcha o por empezar, e impedir que entrara ganado al área. El fundamento fue técnico: la zona carece de red cloacal y el suelo filtra, así que cada vivienda nueva agrega chances de contaminar las aguas subterráneas. En marzo de este año el Ministerio Público Fiscal ratificó que la cautelar continuaba vigente.

Un marco que viene de 1995 y estudios de hace más de una década

La protección formal del predio data de 1995, con el Decreto N.º 2327, al que se sumaron disposiciones posteriores y la Ley Provincial N.º 7.107, que declara de interés público la conservación de las áreas protegidas y fija condiciones para administrarlas. El sustento científico es anterior a la discusión actual: dos trabajos técnicos describen el peso hídrico de la cuenca y los riesgos de intervenir el territorio. Uno es el Plan de Manejo de la Zona Baja, de 2011; el otro, el Plan de Seguridad del Agua del año siguiente, en el que trabajaron investigadores del CONICET junto al INENCO y a la Universidad Nacional de Salta.

Nicolás Zenteno Núñez, abogado y presidente del Comité de Gestión, sostuvo que conservar Finca Las Costas "responde a una obligación legal del Estado" y que exige hacer cumplir las disposiciones ambientales y judiciales vigentes sobre el área.

Terrenos que no se pueden vender: una condena por estelionato en 2024

El Comité recordó además el encuadre patrimonial: por el artículo 237 del Código Civil y Comercial, los bienes del dominio público no se pueden vender, embargar ni ganar por el paso del tiempo. En términos prácticos, nadie puede comprarle a un particular una parcela que es del Estado ni volverse dueño por haberla ocupado durante años.

Esa advertencia tiene respaldo en expedientes. En 2023 se abrieron investigaciones por presunta desobediencia a la cautelar que frenaba obras nuevas, y en 2024 la Justicia dictó una condena por estelionato, la figura penal que castiga la venta fraudulenta de inmuebles, por terrenos de Finca Las Costas.

El agua de la reserva no es un tema abstracto para el área metropolitana: el abastecimiento viene exigido desde varios frentes a la vez, y los municipios del valle siguen sumando fuentes propias, como cuando Cerrillos incorporó un nuevo pozo para más de 2.500 vecinos a mediados de octubre. Por eso el Comité enmarcó sus medidas en la "capacidad preventiva del Estado": controlar antes de que el daño sobre la cuenca sea irreversible.