Estados Unidos le pide al Gobierno que la Ley Malvinas no afecte a sus empresas
Washington transmitió su preocupación por el proyecto que endurece las sanciones a las firmas que operan en las islas, porque alcanzaría también a accionistas y proveedores de compañías estadounidenses.

El gobierno de Estados Unidos le reclamó al Ejecutivo argentino que el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional —conocido como Ley Malvinas— no termine afectando a empresas norteamericanas. La iniciativa, que endurece las sanciones para las firmas que operan en las islas Malvinas, no se limita a esas compañías: también alcanza a sus filiales, a los intermediarios financieros, a los accionistas y a los proveedores vinculados con esos negocios.
Funcionarios de Washington explicaron que ya están en contacto con las empresas que podrían quedar comprendidas en el proyecto y que recibieron notificaciones al respecto. "Nuestro interés es que no sean afectadas", señalaron desde distintas oficinas del gobierno estadounidense, que además advirtieron sobre el riesgo de que la norma termine funcionando como una traba para el comercio y las inversiones entre los dos países.
El alcance del proyecto es amplio: alguien con participación en un fondo de inversión que a su vez tenga intereses en una compañía con actividad en el Atlántico Sur podría quedar sujeto a multas millonarias, según el texto que se discute en el Congreso.
Visita de funcionarios del Departamento de Estado
El reclamo llega en la antesala de una visita a la Argentina de dos funcionarios del Departamento de Estado que conduce Marco Rubio: el subsecretario Christopher Landau y el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura. Según trascendió, el tema de las sanciones a las empresas estadounidenses estaría entre los puntos que se van a tratar en esa agenda.
Desde la Casa Blanca habría dos caminos sobre la mesa para destrabar el diferendo: congelar el proyecto de ley para que no avance, o bien modificarlo para que las compañías estadounidenses queden exceptuadas de las sanciones. Cualquiera de las dos opciones implica una negociación puertas adentro del Gobierno, que en los últimos meses hizo de la disputa con Gran Bretaña por Malvinas uno de los ejes de su política exterior.
El pedido de Washington se da en medio de una relación bilateral que Javier Milei viene profundizando con sucesivos viajes a Estados Unidos, en paralelo a las gestiones de funcionarios argentinos para atraer inversiones vinculadas a sectores estratégicos como la minería y la energía.
Sin cambios en la postura sobre la soberanía
En lo que respecta específicamente al reclamo de soberanía sobre las Malvinas, la posición de Estados Unidos no tuvo variantes: pese a algunos gestos de Donald Trump hacia la Argentina, Washington mantiene una postura de neutralidad frente al diferendo con el Reino Unido y no dio señales de intervenir ni de ofrecerse como mediador.
La controversia por la ley se suma a otros episodios recientes de la tensión entre la Argentina y el Reino Unido por los recursos del Atlántico Sur: días atrás, un funcionario argentino viajó a Londres a buscar inversión minera pese al reclamo por la soberanía de las islas, en un intento del Gobierno de separar la discusión política de los negocios con capitales británicos.
Por ahora, ni la Casa Rosada ni el Departamento de Estado confirmaron oficialmente cuál de las dos salidas —congelar o modificar el proyecto— es la que prevalece dentro de las negociaciones.
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