El "Madoff rosarino" negocia una condena menor para evitar el juicio oral

Luis Herrera, excontador que llegó a presidir dos veces el Mercado a Término de Rosario (Rofex) y a ocupar cargos en la Bolsa de Comercio local, busca desde su celda acordar una condena que le permita esquivar el juicio oral, según publicó La Nación. Lo acusan de haber armado un esquema para captar ahorros con la promesa de colocarlos en el mercado de futuros de Chicago, a cambio de un rendimiento de entre el 7 y el 12% anual en dólares.

Sus nuevos abogados le propusieron a la fiscalía un juicio abreviado: que Herrera cumpla seis años de prisión efectiva y que cada uno de sus hijos, Diego e Ignacio, cumpla cuatro, más la prohibición de ejercer el comercio. Su mujer, Marcela Fernández, imputada en la misma causa, no entraría en ese pacto; para ella se baraja una probation.

Esa propuesta queda muy por debajo de lo que pidió el fiscal Sebastián Narvaja al formular la acusación: 13 años para Herrera, nueve para cada hijo y cinco para su esposa, por integrar una asociación ilícita y cometer estafas, administración fraudulenta y lavado de activos. Esa brecha es justamente lo que preocupa a los ahorristas, que temen que el Ministerio Público de la Acusación termine aceptando el trato y que el expediente se cierre sin que ninguno vea de vuelta su plata.

No es el primer intento de los Herrera por cerrar así el caso: en junio ya habían ofrecido cinco años de cárcel para el padre y tres en suspenso para los hijos, y ese acuerdo cayó. En aquella ronda, 33 de los damnificados dieron su visto bueno y 27 se negaron de forma expresa. Quien terminó frenando esa primera salida fue el fiscal regional de Rosario, Matías Merlo, que en su resolución sostuvo que los acusados no habían dado señales de arrepentimiento y marcó que "no se advierte una concreta voluntad de resarcimiento". La propuesta actual sube los años de condena, pero mantiene ese mismo problema: sigue sin prever ninguna forma de que el dinero vuelva a los ahorristas.

Sobre la negociación pesa también el calendario: en diciembre se cumplen dos años desde que Herrera y sus hijos quedaron en prisión preventiva, un plazo que les abriría la posibilidad de pedir la libertad condicional aun sin que el juicio oral tenga fecha. Por ahora, el expediente transita la audiencia preliminar, instancia en la que la defensa tiene que presentar sus pruebas y contestar la acusación.

La operación se montó, según la causa, a través de Fernández Soljan, la agencia de Bolsa que había fundado el suegro de Herrera, Paulino Fernández Soljan, con sede en la calle Córdoba al 1400 de Rosario. Para la fiscalía, esas supuestas colocaciones en Chicago nunca existieron: el dinero que entraba de los clientes nuevos se destinaba a pagarle a los que querían retirarse, la mecánica que el entonces fiscal Miguel Moreno calificó como un esquema Ponzi típico. La maniobra se desarmó con la pandemia: hacia mediados de 2021 empezaron los problemas para devolver fondos y, a fin de ese año, una corrida de clientes destapó un agujero de 800.000 dólares que la empresa no pudo tapar. Herrera terminó imputado junto a toda su familia en noviembre de 2022.

Al declarar frente a la Justicia, en 2024, se mostró como alguien arrastrado por las circunstancias y responsabilizó a la pandemia y a la corrida de ahorristas por el derrumbe de su negocio. "Voy a contar quién fui, porque ya no soy", les dijo a los damnificados presentes.

El tamaño real del fraude cambia según qué tramo de la causa se mire: el expediente llegó a sumar 462 denuncias por 34.850.235 dólares, aunque distintas estimaciones ubicaron el perjuicio total entre 30 y 60 millones. Con el objetivo de destrabar el proceso, la fiscalía decidió achicar la acusación a 129 hechos puntuales por 9.870.478 dólares; ese recorte lo validaron los jueces Paula Álvarez, Gonzalo Fernández Bussy y Ramiro López Quintana, pese a que la defensa lo cuestionó por tratarse, a su criterio, de una "acusación parcial".

Por otra vía, en la Justicia civil tramita la quiebra de Herrera, a cargo del juez Nicolás Avellaneda, que ya reconoció una deuda hacia 689 acreedores por encima de los 51.000 millones de pesos. Para reunir algo de ese dinero, el mes pasado se pusieron en venta judicial varios bienes de la familia: un Porsche 911 Turbo modelo 1996 tasado en 300.000 dólares, un Jaguar, un Audi RS3, tres vehículos más y un velero de la marca Oceanis fabricado en 1995. Según el cálculo de la propia causa, aunque todo se vendiera al valor de base apenas se juntarían unos 811 millones de pesos, muy lejos de lo que los damnificados dicen haber perdido.

El caso Herrera no es el único de este tipo en Rosario, que acumula un historial de fraudes financieros protagonizados por agentes de Bolsa y operadores con décadas de trayectoria en esa plaza. Entre los damnificados crece la sospecha de que la Justicia santafesina destina pocos recursos a perseguir las estafas financieras y de que las penas negociadas terminan funcionando como un incentivo antes que como un castigo. La decisión sobre el nuevo acuerdo abreviado queda ahora en manos de la fiscalía, mientras cientos de personas siguen, cinco años después del default, sin saber dónde está su dinero.