El Gobierno nacional apelará el fallo que lo obliga a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario

El Poder Ejecutivo nacional presentará, en los próximos días, un recurso contra la resolución del juez federal Martín Cormick, que lo obliga a poner en marcha la Ley de Financiamiento Universitario y tumbó, por inconstitucional, el decreto que había frenado su aplicación. Según informó Infobae, en Balcarce 50 ya diseñan la estrategia judicial y, al mismo tiempo, buscan otras vías legales para no afrontar ahora mismo el costo de cumplir la norma.

"Estamos viendo qué hacemos. Aún no está todo perdido", señaló una fuente oficial consultada por ese medio, que explicó que la tarea principal está en manos de la Procuración del Tesoro, que conduce Sebastián Amerio. Aunque la apelación ya está decidida, en el Gobierno todavía estudian alternativas vinculadas con el impacto presupuestario de la medida.

La decisión judicial alcanzó al Decreto 759/2025, con el que el Ejecutivo había promulgado formalmente la ley pero supeditó su aplicación a que el Congreso definiera las fuentes de recursos e incorporara las partidas al Presupuesto nacional. Cormick entendió que esa cláusula funcionaba, en los hechos, como un nuevo veto a una norma que ya había sido ratificada por ambas Cámaras, cuando el Congreso rechazó el veto original del presidente Javier Milei. Por eso, el juez ordenó al Ejecutivo adoptar las medidas reglamentarias y administrativas necesarias para poner en marcha la reforma y cumplir con los aumentos establecidos.

El fallo responde a los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA), que cuestionaron la suspensión de los fondos. La sentencia cubre partidas para salarios, becas estudiantiles, proyectos de investigación, el mantenimiento diario de las casas de estudio y los hospitales que dependen de las universidades.

Desde el área que conduce la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, confirmaron que la respuesta oficial será judicial y que no habrá una negociación política con las universidades. "No vamos a tener ninguna reunión con las universidades, vamos a apelar", remarcó uno de los integrantes de la mesa chica de la funcionaria, según la misma fuente. Esa fuente agregó que el margen de acción sobre las partidas depende ahora del Congreso: "El presupuesto nacional para el 2027 ya está enviado, por lo que, si lo quieren cambiar, tienen que hacerlo en el Congreso".

El Ejecutivo había planteado durante el expediente que aplicar la ley demandaría erogaciones superiores a un billón de pesos y que ese desembolso comprometería el equilibrio fiscal, por lo que requeriría una definición parlamentaria específica sobre su financiamiento. El juez rechazó esa interpretación: sostuvo que la norma sí establece mecanismos para afrontar los gastos, al habilitar reasignaciones presupuestarias y contemplar el uso de mayores ingresos de recaudación corriente, y recordó que el propio Ejecutivo ya había cambiado las partidas por esa misma vía —decretos y decisiones administrativas— más de una vez durante el año pasado.

En las universidades ya daban por descontado que el Gobierno, desde la Casa Rosada, iba a resistir el fallo. "Seguramente apelen, pero no estamos seguros porque son impredecibles", afirmó un rector del interior consultado por Infobae. En el ámbito académico no esperaban que el Gobierno convocara a un diálogo sobre cómo poner en marcha la ley y dan por hecho que el oficialismo va a insistir con la pelea judicial antes que sentarse a negociar.

El episodio le suma un frente más al Gobierno justo cuando negocia el Presupuesto 2027 y enfrenta el pedido de la oposición de una sesión especial en Diputados. "Vamos a sostener el reclamo hasta el final, como hicimos con la cautelar que conseguimos antes de este fallo", advirtió una de las autoridades del CIN al mismo medio.