El Gobierno argentino llevará el reclamo por el petróleo en Malvinas a un tribunal de la ONU

El Gobierno argentino presentará en los próximos días una demanda ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania, para reclamar contra la explotación petrolera que empresas británicas e israelíes llevan adelante en aguas cercanas a las Islas Malvinas, según informó La Nación.

La presentación llega después de que este lunes venciera el plazo de dos semanas que la diplomacia argentina le había dado a Gran Bretaña para frenar la actividad petrolera del proyecto Sea Lion, que desarrollan las compañías Rockhopper, de origen británico, y Navitas, israelí, en las aguas que rodean el archipiélago. Según el medio, nadie en el Gobierno espera que Gran Bretaña cambie de postura, y la decisión de avanzar con la demanda ya está tomada.

El encargado de llevar adelante el reclamo ante el tribunal es Mario Oyarzábal, diplomático de carrera con misiones previas en los Países Bajos y Naciones Unidas, que se desempeña como director de la consejería legal internacional de la Cancillería.

El tribunal al que apunta el Gobierno fue creado en 1982 en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y está conformado por 21 miembros. Según indicó La Nación, fuentes oficiales explicaron que la intención es que ese organismo decida sobre la pertinencia del reclamo argentino, sin entrar a resolver la disputa de fondo por la soberanía de las islas, que la Argentina reclama cada año desde 1965 ante el Comité de Descolonización de la ONU.

Gran Bretaña, en cambio, sostiene que las actividades de hidrocarburos en la zona están reguladas por su propia legislación sobre Malvinas y se desarrollan "en plena conformidad con el derecho internacional", y acusó a la Argentina de buscar "socavar la prosperidad y la seguridad económica" de los isleños.

El canciller Pablo Quirno defendió la estrategia la semana pasada en la cena anual del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI). "La confiabilidad se demuestra al honrar los compromisos internacionales asumidos, incluidos los procedimientos de solución pacífica de controversias. Si Londres sostiene que sus actividades se ajustan al derecho internacional, tendrá la oportunidad de demostrarlo ante un tribunal compuesto por árbitros independientes", dijo Quirno, según citó el medio. El embajador británico en el país, David Cairns, se retiró del encuentro antes de que terminara, con gesto incómodo, tras ese discurso.

En la Cancillería confían en que el tribunal termine fallando a favor de la Argentina y ordene al menos la suspensión provisoria de las actividades de las empresas, aunque reconocen que los fallos de ese organismo suelen demorar varios años. Como antecedente citan el caso de 2012, cuando un reclamo ante el mismo tribunal, encabezado entonces por la diplomática Susana Ruiz Cerruti, permitió en dos meses recuperar la fragata Libertad, que había sido retenida y embargada en Ghana por un reclamo de fondos buitre. La jurista argentina Frida Armas Pfirter fue elegida días atrás vicepresidenta de ese tribunal, aunque fuentes diplomáticas consultadas por La Nación descartaron que vaya a intervenir en este caso puntual.

Pese al optimismo oficial, tres fuentes diplomáticas consultadas por el medio calificaron la jugada como "arriesgada". Según relataron, los sucesivos gobiernos argentinos de distinto signo político evitaron históricamente recurrir a tribunales internacionales por la cuestión Malvinas, por temor a que un fallo adverso termine habilitando a los isleños a seguir avanzando en la exploración y explotación de recursos. Las fuentes advirtieron además que el caso podría derivar en instancias como la Corte Internacional de La Haya o el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), con resultado incierto para el país.

Según repasó La Nación, el 3 de septiembre el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional una batería de medidas sobre el tema, entre ellas el envío al Congreso de un proyecto que endurece las sanciones a empresas vinculadas a la explotación de recursos en Malvinas, la creación de una base naval integrada en Ushuaia y un Consejo de Seguridad Nacional. El 28 de septiembre, Milei formalizó la intimación al Reino Unido y escribió en su cuenta de X: "Si en dos semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar".

El Gobierno británico rechazó de inmediato ese ultimátum. La subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, dijo que su país seguirá defendiendo los derechos de "autonomía" de los isleños, criticó "los esfuerzos por obstaculizar la actividad económica lícita en las islas" e insinuó que la Argentina es hoy un "socio poco confiable". Los propios habitantes de Malvinas rechazan la iniciativa argentina: el sitio especializado Diplomacy & Law, que según el medio recoge la mirada de especialistas británicos, sostiene que la Argentina "tendría que formular reclamaciones que puedan resolverse bajo la convención sin exigir que el tribunal decida, expresa o implícitamente, la soberanía" sobre las islas.

Más allá de las advertencias de los diplomáticos consultados, el Gobierno se prepara para hacer efectiva la presentación ante el tribunal en las próximas horas, según indicó La Nación.