Diputados aprobó la nueva ley de Discapacidad con más de dos tercios de los votos

La Cámara de Diputados le dio media sanción a la nueva ley de Discapacidad con 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones, después de una jornada de negociaciones en la que el oficialismo terminó aceptando varios de los cambios que pedían las organizaciones del sector y los bloques de la oposición. Con ese resultado, que superó los dos tercios del recinto, el proyecto queda más protegido frente a un eventual veto y ahora debe tratarlo el Senado.

La sesión llegó un día después de que, según había anticipado este medio, los bloques todavía negociaban los votos para tratar discapacidad, morosidad y la Ley de Tierras. En esa recta final, La Libertad Avanza terminó plegándose a un proyecto que reemplaza el concepto de "emergencia" por un régimen permanente, pero mantiene los puntos que el sector venía reclamando: el Certificado Único de Discapacidad, la actualización mensual de las prestaciones por inflación y la pensión no contributiva, que ahora puede cobrarse aunque la persona tenga un trabajo registrado.

El giro del oficialismo contrasta con lo que había planteado meses atrás en el proyecto de Presupuesto 2027, que recortaba ese mismo esquema: impedía cobrar la pensión a quienes tuvieran empleo formal y dejaba librados a las prestadoras de salud los valores de las terapias. Antes de la votación, los bloques que terminaron acompañando condicionaron su apoyo a que el texto incluyera de dónde sale la plata: la Oficina de Presupuesto del Congreso calculó el costo de la ley en $598.912 millones para el año próximo, y esa partida quedó incorporada en la última versión.

La nueva ley también fija plazos concretos para que el Estado les pague a los prestadores las deudas acumuladas: 30 días para notificar un cronograma de pago desde que la norma entre en vigencia, y 90 días más para cancelarlas por completo. Además, especifica los requisitos para acceder a una pensión por discapacidad -como el tope de ingresos individuales-, algo que antes quedaba en manos de una reglamentación del Poder Ejecutivo.

El rechazo lo encabezó un grupo de diputados cordobeses y de Unión por la Patria que cuestionaron que las organizaciones de su provincia no fueran convocadas al debate. Con el texto ya aprobado en Diputados, la discusión se traslada ahora a la Cámara alta, donde todavía no hay fecha definida para tratarlo.