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Diputados negocia los votos para la sesión de discapacidad, morosidad y la Ley de Tierras

Menem reunió este martes a los jefes de bloque antes de la sesión especial de mañana miércoles: el oficialismo daría los votos en discapacidad, pero negocia apoyos para morosidad y para la restitución de la Ley de Tierras dentro del proyecto de Propiedad Privada.

Por Salta News
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Diputados negocia los votos para la sesión de discapacidad, morosidad y la Ley de Tierras

Tras el fracaso de la oposición para derogar el DNU 70/23, el oficialismo y los bloques dialoguistas vuelven a medir fuerzas este miércoles en una sesión especial pedida por La Libertad Avanza, con el mismo temario que la convocatoria que había anticipado este diario: discapacidad, morosidad y la Ley de Tierras, esta vez incluida dentro del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Martín Menem, al frente de la Cámara baja, convocó este martes a los líderes de los bloques que acompañan al Gobierno para terminar de pulir el temario y hacer sus propias cuentas de votos antes del debate. Según ese conteo preliminar, el oficialismo tendría los números para avanzar con su proyecto de discapacidad y evitar la prórroga de la emergencia hasta 2027 que proponían el kirchnerismo y la izquierda. El panorama es más complicado en el proyecto sobre endeudamiento de familias: la oposición, con un texto propio, aspira a imponer su propia mayoría. Esa alternativa fija un plazo de emergencia de medio año y abre un esquema de alivio para quienes acumulaban, al cierre de agosto pasado, dos meses o más sin pagar sus deudas.

El tema que más le interesa al Gobierno es el de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya tiene media sanción del Senado pero sumará un artículo que restituye la Ley de Tierras, la norma de 2011 derogada por el DNU 70/23. La justicia había aceptado un amparo contra esa derogación; la Corte Suprema falló en contra de ese recurso y devolvió vigencia al decreto, pero en un segundo fallo hizo lugar al reclamo de una ambientalista y volvió a restituir la ley. Para despejar esa incertidumbre y blindar el DNU 70, el oficialismo acordó con los dialoguistas incorporar el artículo en la ley de propiedad privada. Con el apoyo del PRO, la UCR y los bloques provinciales aliados, el Gobierno tendría los votos para aprobarla, aunque la iniciativa deberá volver al Senado para que se ratifiquen o rechacen los cambios.

En discapacidad, Menem hizo concesiones a los aliados sobre el cronograma de pago de las prestaciones y sobre garantías de que el Ministerio de Economía cumpla con el presupuesto asignado. La polémica se encendió cuando se conoció que el propio proyecto de Presupuesto 2027 derogaba los principales puntos de la emergencia en discapacidad, que vence a fin de año y que la oposición busca extender un año más. El dictamen de mayoría de LLA, con la adhesión del PRO y la UCR, ratifica los beneficios de la ley 27.793 pero elimina su carácter de emergencia y transitoriedad; el peronismo defiende prorrogarla como condición para que la Justicia resuelva las más de 300 mil solicitudes de pensión pendientes y las prestaciones impagas.

Durante la reunión de jefes de bloque hubo además un compromiso de Menem de que la ley acordada no sea vetada por el Presidente, una garantía que algunos sectores tomaron con cautela por la tensión interna entre los Menem y Santiago Caputo, a quien se señala como responsable de haber incluido en el Presupuesto el artículo que deroga los beneficios de la emergencia.

El tercer frente de tensión es la morosidad: lo que firmaron LLA, el PRO y la UCR apunta sólo a que el consumidor tenga más información, sin tocar las tasas ni armar algo parecido a un plan de pagos para quienes están más complicados con sus deudas. Del otro lado, Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica respaldan un texto que estira esa emergencia a medio año y habilita pagar lo adeudado en una docena de cuotas como mínimo; ese dictamen opositor podría terminar imponiéndose si el oficialismo no mejora su oferta antes de la sesión. El temario de mañana suma, además, un proyecto sobre trazabilidad de medicamentos de alto riesgo que las diputadas Silvana Giudici y Victoria Tolosa Paz diseñaron juntas después del escándalo por la contaminación con fentanilo.

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