Denuncian a una cadena de electrodomésticos por préstamos con tasas de hasta 733% anual

La asociación civil Protectora inició una demanda colectiva en los tribunales salteños contra una cadena de electrodomésticos de Rafaela, Santa Fe, a la que acusa de haber cobrado tasas de interés de hasta 733% anual por préstamos a trabajadores. El expediente, radicado en el Juzgado en lo Civil y Comercial de Quinta Nominación, pide además una cautelar para frenar los embargos de sueldo que la firma ya tiene en marcha, según detalló El Tribuno.

Según plantea la acción judicial, la firma Bazar Avenida habría otorgado más de 700 préstamos a trabajadores, en su gran mayoría personal estatal de la ciudad de Salta, bajo condiciones que la entidad calificó como "más de cinco veces la tasa máxima del Banco Central para operaciones similares". Protectora sostiene que esos datos no son una estimación propia: salen de las declaraciones juradas que la propia compañía presentó ante la Dirección General de Rentas por el Impuesto de Sellos, donde constan 357 operaciones en mayo de 2024 y 364 en junio de ese año, con un monto de percepciones que llegó a los $8,9 millones en apenas dos meses.

La demanda cita dos casos testigo. José O. C., empleado provincial, recibió un préstamo de $450.000 y terminó firmando un pagaré por $2.395.035, equivalente a más de cinco veces lo que había recibido, a una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 733,50%; hoy pesa un embargo sobre su sueldo. Socorro F. C., también empleada estatal, pidió $248.000 y el documento que firmó asciende a $1.319.930,40 —cinco veces y media el monto original— con una TEA del 710,02%; en su causa ya habría una sentencia de remate, todavía no notificada.

El reclamo, impulsado por el abogado Daniel Paganetti, busca que se anulen las cláusulas de interés de todos los contratos de la firma en Salta, que se frenen de inmediato los juicios ejecutivos abiertos y que se aplique una multa civil cercana a los $1.000 millones. Paganetti pidió también que se corten los descuentos de sueldo mientras dure el litigio y que la empresa indemnice con daños punitivos a los afectados. La Procuración General de la Provincia ya tomó intervención en el expediente.

Para fundamentar que se trata de un problema colectivo y no de casos aislados, la presentación recurre al fallo "Halabi" de la Corte Suprema, de 2009, que abrió la puerta en el país a reclamos conjuntos cuando un mismo hecho perjudica a un grupo numeroso de personas bajo las mismas condiciones. El argumento central del escrito es que los contratos de Bazar Avenida comparten "una misma plantilla contractual con los mismos elementos abusivos".

Protectora también pidió que el Juzgado informe al fiscal penal de turno, dado que la ley argentina tipifica la usura como delito, con penas de hasta seis años de prisión cuando se ejerce en forma profesional. "La empresa diseñó el producto para que el trabajador no pueda defenderse en el juicio ejecutivo. El pagaré preconstituido bloquea las defensas causales. Es un mecanismo legal, pero con tasas ilegales", sostuvo Paganetti, quien agregó que no hizo falta investigar quiénes son los afectados porque la propia empresa los identificó ante el fisco: "Son más de 700 salteños en solo dos meses".