Salta declaró de interés público un plan privado para cobrar a las obras sociales

El Gobierno de Salta declaró de interés público una iniciativa privada que propone montar un sistema para identificar coberturas, facturar y recuperar los costos que generan las prestaciones de los hospitales y centros de salud provinciales. La decisión está en el decreto 618/26, publicado en el Boletín Oficial Nº 22279 del 1º de octubre. No adjudica nada: habilita el paso siguiente, que según el propio texto deberá ser una licitación pública.

La propuesta la presentó la sociedad Gestión Integral del Norte S.R.L., que el decreto describe como "en formación" —es decir, todavía no constituida—, a través de su gerente, Rubén Fortuny. Ingresó ante la Escribanía de Gobierno mediante la Escritura Nº 551, el camino que prevé el decreto 805/1996 para las iniciativas privadas.

Qué propone el sistema

Según los considerandos, el proyecto apunta a "optimizar la identificación de coberturas, facturación, gestión y recupero de los costos sanitarios" generados por los efectores públicos provinciales, en el marco de la Ley 8491 y su decreto reglamentario 31/2026. El razonamiento que el decreto pone por escrito es el que la provincia viene repitiendo: los establecimientos públicos atienden sin preguntar por la afiliación y cargan con el costo, aunque la obligación de pagar por sus beneficiarios recae sobre los "entes obligados", es decir obras sociales, prepagas y aseguradoras.

Por qué importa el recupero

El decreto le asigna al cobro de esos créditos "especial trascendencia para las finanzas provinciales": sostiene que es una fuente de recursos que financia los establecimientos sanitarios, la compra de medicamentos e insumos y el mantenimiento del equipamiento. La dimensión del agujero ya había sido puesta en números por Salud Pública, que estima que los pasivos de las obras sociales con los hospitales públicos superan los $110 mil millones al año. La herramienta legal para reclamarlos es la Ley 8491, que habilita a exigir el pago por la vía judicial.

Quiénes lo revisaron antes de la firma

Una Comisión Evaluadora, conformada por la Resolución 1747/2026 del Ministerio de Salud Pública, analizó la iniciativa desde su factibilidad jurídica, técnica y económico-financiera y concluyó que el proyecto "resulta razonable y viable". Fiscalía de Estado también se expidió a favor de la declaración. Con esos dos dictámenes, el Poder Ejecutivo aplicó los artículos 5º, 7º y 8º del decreto 805/1996 y el artículo 20 de la Ley 8072.

Lo que el decreto todavía no dice

No hay monto, plazo ni porcentaje de comisión en el texto. El artículo 2º se limita a establecer que el procedimiento de contratación será la licitación pública y que los pliegos deberán ajustarse a la normativa aplicable al caso. Esos pliegos son los que van a mostrar cuánto costaría tercerizar la gestión del cobro y bajo qué condiciones.

El expediente tramita en el Ministerio de Salud Pública bajo el número 0020008-41048/2026-1 y el decreto está refrendado por esa cartera y por la Secretaría General de la Gobernación. La gestión del recupero tuvo movimiento durante todo el año: en julio, el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, acordó con representantes de nueve obras sociales sindicales un plazo de pago de hasta 30 días, la digitalización de la facturación de las prestaciones y una mesa de trabajo permanente para conciliar los saldos deudores, según informó el Gobierno de Salta. El decreto completo puede consultarse en el Boletín Oficial de la Provincia de Salta.