Más del 30% de los adjudicatarios está en mora. El organismo busca alternativas con aporte previo y no descarta quitar casas a quienes incumplen.
El Instituto Provincial de Vivienda (IPV) atraviesa un escenario crítico: más del 30% de los beneficiarios de viviendas sociales mantiene deudas con el organismo, lo que enciende alarmas por la sostenibilidad del sistema. En medio de un contexto económico adverso y sin respaldo nacional, las autoridades no descartan revocar adjudicaciones a quienes pueden pagar, pero no lo hacen.
“Tenemos familias con ingresos formales que no están cumpliendo. En esos casos, se evalúa la revocación de la vivienda adjudicada”, sostuvo la presidenta del IPV, Laura Caballero. Las cuotas, asegura, no superan los $100.000 mensuales, pero la morosidad sigue en aumento.
Frente a este panorama, el organismo impulsa el programa “En Casa Propia con Ahorro Previo”, que exige a los postulantes un aporte económico inicial antes de acceder a una vivienda. El llamado vigente cierra este viernes y ya cuenta con más de 1.500 solicitudes para 466 unidades disponibles.
“La baja en el monto exigido para el ahorro permitió ampliar el acceso. Vemos mucho interés por esta vía”, destacó Caballero. Las primeras entregas están previstas para fin de año, con obras avanzadas en el norte de la ciudad. Las unidades incluyen innovaciones como termotanques solares y ventanas con DVH, lo que mejora su eficiencia energética y valor.
La funcionaria adelantó que el IPV planea ampliar este modelo: “El contexto cambió. Necesitamos una combinación entre esfuerzo público, inversión privada y compromiso de las familias”.
Además, el organismo trabaja en nuevas soluciones para sectores más vulnerables, como lotes con servicios y módulos habitacionales básicos. Paralelamente, continúa con auditorías y procesos de revocación en casos de mora prolongada o viviendas desocupadas.
