La apelación del Gobierno fue aceptada, pero la ley universitaria se tiene que seguir cumpliendo

El juez federal Martín Cormick le dio curso al recurso de apelación que presentó el Estado nacional contra el fallo que declaró inconstitucional el Decreto 759/2025 y mandó aplicar sin demoras la Ley de Financiamiento Universitario. El expediente pasa ahora a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que va a decidir si confirma, modifica o revoca lo resuelto en primera instancia.

Lo central para las universidades es que nada se suspende mientras eso se discute. Aunque el recurso tiene efecto suspensivo sobre la sentencia, el magistrado aclaró que la medida cautelar está firme y que el Estado la tiene que cumplir igual: según su resolución, “se dará continuidad al trámite de ejecución de cumplimiento de la cautelar vigente”. Es decir que la obligación de poner en marcha la Ley 27.795 no quedó en pausa por haber apelado.

El recurso lo presentó el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, contra la resolución que el mismo juzgado había dictado el 6 de octubre. En ese fallo se había considerado inválido el tramo del decreto que ataba la aplicación de la ley a dos condiciones: que se identificaran de dónde iban a salir los fondos y que las partidas se incorporaran al presupuesto. El juzgado, además, le había ordenado al Estado cumplir de inmediato con lo que manda la norma.

Qué argumentó el Gobierno

En su presentación, el Estado pidió que la sentencia se revoque por completo y que se rechace la demanda. Su defensa es que el decreto no dejó sin efecto la ley, sino que puso su ejecución bajo las reglas que ordenan la administración financiera: primero determinar los recursos y después incluir las partidas correspondientes en el presupuesto.

El escrito también cuestiona el camino procesal. Para el Gobierno, un amparo no alcanza para resolver un asunto de esta complejidad institucional y presupuestaria, que a su criterio pedía más debate y más prueba, entre otras cosas para calcular cuánto cuesta realmente lo que la ley ordena.

El otro eje del planteo es el artículo 9 de la Ley 27.795. El Estado sostiene que esa cláusula no identifica por sí sola los recursos concretos que hacen falta para cubrir todos los gastos previstos, y que autorizar un gasto por ley no equivale a que el dinero esté disponible. Por eso advierte que cumplir la sentencia tal como está escrita lo obliga a afrontar erogaciones de alcance indeterminado, con riesgo para el equilibrio de las cuentas y para fondos de otras áreas.

La pelea sigue en la calle y en Salta

La decisión judicial llega a pocos días de una nueva Marcha Federal Universitaria, convocada para el 15 de octubre. En Salta ese reclamo ya tiene fecha y lugar: la UNSa volverá a marchar ese mismo día en defensa de la universidad pública, después de que su rector, Daniel Hoyos Quiñones, planteara que lo que está en discusión no es solamente la plata sino la continuidad de la institución.

El movimiento de esta semana era previsible desde el lunes, cuando el Gobierno anticipó que iba a apelar el fallo. Lo que cambia hoy es el estado del expediente: la discusión de fondo sube a la Cámara, y mientras eso se resuelve la cautelar sigue mandando.