Allanan cuatro inmuebles del exfiscal general de Bolivia, acusado de proteger al narcotráfico

La Fiscalía y la Policía de Bolivia allanaron este martes cuatro inmuebles vinculados al exfiscal general Roger Mariaca, quien ya fue destituido y quedó con prisión preventiva porque lo acusan de haber liderado, desde su propio cargo, una organización dedicada a dar cobertura al narcotráfico. El operativo lo reconstruyó Infobae a lo largo de la jornada del martes.

Un grupo especial de agentes rodeó el condominio de Santa Cruz de la Sierra, al este del país, donde vivía Mariaca, y montó un perímetro de seguridad mientras una comisión de fiscales enviada desde La Paz se trasladaba hacia el lugar. El Ministerio de Gobierno (Interior) adelantó, en un comunicado, que la jornada de allanamientos no terminaba ahí: "el operativo se suma a la serie de allanamientos desplegados en diferentes zonas de la ciudad y que continuarán durante la jornada en varios inmuebles restantes identificados sólo en Santa Cruz".

Sobre lo encontrado en los operativos circularon primero versiones contradictorias: tres medios bolivianos llegaron a hablar, sin confirmación oficial, de unos 2,5 millones de dólares, cifra que terminó descartada. Horas más tarde, la propia Fiscalía precisó el monto real: 391.500 dólares y 328.200 bolivianos, esto último equivalente a casi 30 mil dólares más.

El fiscal Edwin Sarmiento informó que también se secuestraron documentos y dos vehículos como parte de las investigaciones. "Al margen de este dinero, en este domicilio se ha encontrado varios documentos que tienen que ver fundamentalmente con bienes registrados en Derechos Reales y también en Tránsito, que han sido colectados también con fines investigativos", explicó, citado por el medio Unitel.

Para el Ejecutivo boliviano, estos allanamientos son una pieza más de su cruzada contra el narcotráfico y la corrupción dentro del Estado. El Ministerio de Gobierno fue tajante: "los allanamientos y operativos continuarán hasta la desarticulación total de la red y el secuestro de todos sus bienes ilícitos".

La causa contra Mariaca arrancó con su arresto en la noche del 30 de septiembre; el viernes pasado perdió el cargo. El Gobierno de Rodrigo Paz sostiene que encabezó una estructura criminal pensada para "proteger e incentivar el narcoterrorismo" en Bolivia. Dos días antes de esa detención, Estados Unidos ya le había revocado la visa y lo había sumado a una lista de exfuncionarios con presuntos lazos narco. Mariaca, por su parte, negó todo y sostuvo que la jugada estadounidense buscaba frenar las pesquisas que él mismo llevaba adelante contra el oficialismo y el entorno presidencial, entre ellas la que apunta al principal asesor de Paz, Fernando Cerimedo.

A partir de su arresto quedó imputado en dos expedientes paralelos, uno por integrar una organización narcocriminal y otro por legitimar ganancias ilícitas, con seis meses de prisión preventiva en cada uno. El lunes fue trasladado al penal de Cantumarca, en el departamento andino de Potosí.

El Gobierno también le atribuye a Mariaca haber dado cobertura, en el pasado, a la red del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, que vivió sin ser molestado en territorio boliviano entre 2022 y marzo de este año, cuando finalmente fue detenido y enviado a Estados Unidos.

La anterior legislatura lo había designado en octubre de 2024 para un mandato de seis años al frente de la fiscalía. Con el caso ya en marcha, la Asamblea Legislativa reformó el viernes la ley del Ministerio Público para habilitar la salida del fiscal general ante una imputación formal, algo que antes sólo preveían la renuncia o una sentencia firme. Una vez afuera, el Parlamento eligió al abogado José Armando Urioste para ocupar el cargo de manera interina durante 90 días.