La localidad de Aguas Blancas, ubicada en el límite entre Argentina y Bolivia, vive una situación de extrema vulnerabilidad e inseguridad por la falta de control y prevención de los delitos que se cometen a ambos lados del río Bermejo.
Su intendente, Carlos Martínez, reclama desde hace meses una mayor presencia de las fuerzas federales, especialmente de Gendarmería, para frenar el avance del narcotráfico, el sicariato, la trata, el contrabando y otros ilícitos que afectan a la población local y a los comerciantes que cruzan la frontera.
Martínez, que asumió el cargo el pasado 10 de diciembre, denuncia que la frontera es «incontrolable» por la escasez de recursos humanos y técnicos, y que hay zonas donde ni siquiera pueden intervenir ni Gendarmería ni la Policía de la Provincia. Por eso, solicita al Ministerio de Seguridad de la Nación que instale una delegación de la Policía Federal en Aguas Blancas, así como una comisaría propia, ya que actualmente depende de una subdelegación policial de Orán que solo cuenta con cinco o seis efectivos.
El intendente asegura además que la inseguridad es un problema grave para los 5.600 habitantes de Aguas Blancas, que sufren robos, hurtos y asaltos con armas, y para los que compran mercaderías en Bermejo, que son blanco de los delincuentes. Además, alerta sobre el riesgo de que la frontera se convierta en un foco de contagio de la pandemia de COVID-19, debido a la falta de controles sanitarios.
