Más de 800 personas fueron víctimas del esquema de inversiones truchas en Salta. La líder de la organización y varios efectivos policiales serán juzgados por asociación ilícita y estafas reiteradas.
El escándalo por la financiera ilegal Ríos & Asociados S.A. sumó un nuevo capítulo judicial: el juez Antonio Pastrana resolvió elevar la causa a juicio oral, en una resolución que marca el inicio de uno de los procesos más resonantes en la provincia por la magnitud de la estafa y la cantidad de implicados.
Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, a cargo de la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio (UDEC), el grupo operaba bajo la fachada de una firma legalmente constituida, pero en realidad montó un esquema piramidal que defraudó a más de 800 personas en toda la provincia.
En total, 27 personas enfrentarán el juicio. La figura central es Cynthia del Valle Moya, señalada como la jefa de la organización delictiva. Además, aparecen en la lista 13 efectivos de la Policía de Salta, acusados de haber participado activamente en el entramado financiero fraudulento.
Los cargos que se les imputan son asociación ilícita, estafas reiteradas y falsedad de instrumento privado. Paralelamente, el juez sobreseyó a cinco personas por falta de pruebas en esta etapa del proceso.
La resolución rechaza los pedidos de nulidad y sobreseimiento presentados por varias defensas, incluyendo los abogados de Fabricio Nieva, Nidia Valdéz, Zulma Correa, María Espinosa y Edgardo Velazco, quienes ahora deberán responder ante la Justicia.
La supuesta financiera ofrecía inversiones con altos retornos garantizados. Durante meses, captó millones de pesos, hasta que las primeras denuncias por falta de devolución del capital encendieron las alarmas. El colapso del esquema reveló un complejo circuito de promesas incumplidas, documentación apócrifa y vínculos institucionales.
El juicio oral, que aún no tiene fecha definida, podría comenzar en el primer semestre de 2026, debido a la complejidad de la causa y el volumen de víctimas involucradas. La expectativa está puesta en que el proceso judicial permita esclarecer responsabilidades y dar respuestas a cientos de damnificados que aún esperan justicia.
