La Justicia salteña ratificó medidas cautelares y ordenó que el empresario realice una capacitación obligatoria tras agredir públicamente a la diputada Laura Cartuccia.
El Juzgado de Violencia Familiar y de Género de 3ª Nominación de Salta dictó una nueva resolución contra el empresario mediático y exdiputado Enrique Daniel Sansone, tras comprobarse la reiteración de conductas violentas contra la legisladora provincial Laura Cartuccia. La jueza María Carolina Cáceres Moreno ordenó mantener las medidas cautelares vigentes y dispuso nuevas acciones ante la persistencia de agresiones mediáticas con connotación de violencia de género política.
La decisión judicial se basó en nuevas pruebas audiovisuales incorporadas al expediente, presentadas por la diputada oficialista, que muestran expresiones públicas de Sansone difundidas a través del medio digital que dirige, Opinorte. Según la resolución, el empresario deberá iniciar una capacitación obligatoria en violencia mediática y política, cuyo diseño e implementación estará a cargo del Observatorio de Violencia contra las Mujeres.
La jueza ordenó que el Observatorio ejecute el programa formativo en un plazo máximo de 30 días y remita la fecha de inicio al juzgado. Además, intimó a Sansone a acreditar su participación. En caso de incumplimiento, advirtió que podría aplicarse una sanción alternativa de trabajos comunitarios, conforme a lo establecido en la Ley Provincial Nº 7888, que rige el régimen de protección frente a la violencia familiar y de género en la provincia de Salta.
En paralelo, se dispuso la intervención del Ministerio Público Fiscal, al que se remitirá copia de la denuncia original y de los registros digitales aportados por la denunciante. También se reiteró el pedido de informes psicológicos pendientes, considerados clave para evaluar el impacto emocional y psicológico sufrido por Cartuccia.
La resolución representa un nuevo capítulo judicial en una causa que se inició en 2024 y que ya había motivado la imposición de restricciones. Ahora, con esta nueva resolución, la Justicia salteña refuerza su postura frente a expresiones de violencia política con perspectiva de género, un fenómeno que sigue ganando visibilidad en los últimos años.
