Pese a sus condenas por corrupción y sucesivas demoras judiciales, Ernesto “Kila” Gonza podría asumir una banca en el Concejo de San Lorenzo, generando alarma institucional.
La incertidumbre política en San Lorenzo se profundiza ante la inminente asunción de Ernesto “Kila” Gonza como concejal, pese a las condenas por fraude a la administración pública que pesan sobre él y a un proceso judicial que continúa estancado. El intendente Manuel Saravia expresó su preocupación por lo que considera una situación “irregular” y un golpe a la credibilidad institucional.
Gonza fue condenado en primera instancia a prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El Tribunal, al revisar el caso, agravó el fallo al establecer que los delitos no fueron tentativos, sino consumados, y ordenó una nueva fijación de pena. Sin embargo, la lectura formal de la condena —un paso indispensable para ejecutar la inhabilitación— ha sido postergada reiteradamente.
Saravia recordó que la audiencia prevista para este jueves volvió a suspenderse, y que no es la primera vez que ocurre:
“Lo de hoy fue insólito. Suspendieron la audiencia de las 9 porque tenía otra a las 10, y luego también suspendieron la de las 10. Todo resulta llamativo”, lamentó.
El intendente aseguró que las demoras no solo desconciertan, sino que afectan directamente la confianza en las instituciones:
“Me da mucha pena este manoseo a las instituciones. No es normal que para leer una condena de media hora haya cuatro suspensiones”.
Pese a su condena, Gonza fue autorizado a competir en las últimas elecciones y resultó electo concejal. Su asunción está prevista para el 10 de diciembre, y Saravia admite que no descarta ese escenario:
“Calculo que va a asumir. Ya nada me sorprende”.
El jefe comunal insistió en que, una vez que la Justicia finalmente lea el fallo y notifique la pena, deberá hacerse efectiva la inhabilitación:
“Cuando se digne a leerle el fallo, habrá que actuar. Pero hoy todos estamos desconcertados”.
La expectativa ahora se concentra en la próxima decisión judicial, mientras San Lorenzo enfrenta el desafío de sostener la confianza pública en medio de un escenario cada vez más tenso.
