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Salta

Salteños condenados por abuso sexual no podrán ejercer la docencia

El gobierno provincial avanza en medidas para excluir a condenados por delitos sexuales del sistema educativo.

Por Salta News
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saltenos condenados por abuso sexual no podran ejercer la docencia

El gobierno provincial avanza en medidas para excluir a condenados por delitos sexuales del sistema educativo.

La ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta, Cristina Fiore, solicitó al procurador general, Pedro García Castiella, agilizar los procesos administrativos para impedir que personas con condenas por abuso sexual continúen ejerciendo la docencia o mantengan contacto con la comunidad escolar.

Durante una reunión en la Procuración General, Fiore y García Castiella analizaron estrategias para fortalecer la protección de niños, niñas y adolescentes en el ámbito educativo. El eje central del encuentro fue la implementación de normativas que impidan el acceso a cargos docentes a personas con antecedentes por delitos contra la integridad sexual.

Ambos funcionarios coincidieron en la necesidad de una coordinación estrecha entre el Ministerio Público Fiscal y la cartera educativa para acelerar las medidas de prevención y control. «Es prioritario garantizar entornos escolares seguros y libres de riesgos para los estudiantes, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad», enfatizó Fiore.

Docentes con antecedentes: un riesgo latente

Uno de los puntos críticos abordados fue la permanencia de ciertos agentes educativos en sus funciones a pesar de contar con antecedentes judiciales por delitos sexuales. Esta situación genera preocupación en la comunidad y mina la confianza de las familias en el sistema educativo.

García Castiella destacó la importancia de implementar medidas preventivas eficaces y fortalecer los controles. «Es imprescindible establecer normas claras y mecanismos de seguimiento para que ningún condenado por abuso sexual tenga acceso a espacios donde se desarrolla la infancia», afirmó.

La iniciativa busca reforzar la seguridad en el ámbito educativo y garantizar que las instituciones sean espacios de formación y protección para los menores.

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