Salta pone en marcha un programa que une justicia y salud para evitar la reincidencia en delitos vinculados a consumos problemáticos

Salta avanza en un modelo de intervención que busca abordar los consumos problemáticos desde una perspectiva que combina salud y justicia. El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, y la presidenta de la Corte de Justicia provincial, Teresa Ovejero Cornejo, firmaron un convenio para poner en marcha un programa piloto destinado a personas cuyo vínculo entre el consumo de sustancias y el conflicto con la ley penal requiere una respuesta integral.

La iniciativa está dirigida a mayores de 18 años que se encuentren bajo pautas de conducta, suspensión del juicio a prueba, condenas de ejecución condicional u otras medidas alternativas a la prisión efectiva, siempre que exista una relación clínicamente relevante entre el consumo de sustancias psicoactivas y la situación judicial. El objetivo es intervenir sobre los factores que pueden favorecer la reincidencia y facilitar el acceso a tratamientos especializados.

La implementación estará a cargo de la Oficina de Medidas Alternativas y Sustitutivas a la Detención (OMAS), dependiente de la Corte de Justicia, y de la Secretaría de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud Pública.

Tras la firma del acuerdo, Ovejero Cornejo destacó la necesidad de sostener una coordinación permanente entre ambas instituciones para evitar que la propuesta quede reducida a una experiencia aislada. La magistrada remarcó que el trabajo conjunto desde el inicio permitirá evaluar los resultados y ofrecer respuestas más sólidas a situaciones que involucran tanto al sistema penal como al sanitario.

Mangione, por su parte, señaló que la red de centros de salud y el sistema de historia clínica digital tendrán un papel importante en el proceso. Según explicó, esas herramientas permitirán identificar antecedentes de consultas y tratamientos, evitar duplicaciones y facilitar la incorporación de quienes todavía no accedieron a una atención especializada.

El programa comenzará con una evaluación interdisciplinaria de los participantes y la revisión de sus antecedentes. Quienes sean seleccionados realizarán un ciclo de dos meses, con talleres grupales psicoeducativos semanales y entrevistas individuales orientadas al acompañamiento terapéutico y sociofamiliar. Los grupos tendrán un máximo de diez integrantes y los encuentros presenciales se desarrollarán en el dispositivo de orientación ubicado en Sarmiento 491.

Durante ese período, el abordaje buscará fortalecer la autorregulación emocional, prevenir recaídas y construir redes de apoyo social y laboral. La propuesta contempla, además, la articulación entre el seguimiento judicial y la atención sanitaria, con resguardo de la confidencialidad propia de los tratamientos.

Del encuentro también participaron el secretario de Salud Mental y Adicciones, Martín Teruel, y la coordinadora del área, Rosario Justo.

Con este convenio, la Provincia busca ensayar una herramienta que permita intervenir sobre los consumos problemáticos en personas involucradas en causas penales, con la expectativa de reducir la reincidencia y mejorar las posibilidades de inclusión social sin recurrir necesariamente al encarcelamiento en los casos contemplados por la normativa.