Un nuevo manual concentra en la Subsecretaría del Parque Automotor la administración de la flota provincial y fija mecanismos para controlar el uso, los gastos y el mantenimiento de los vehículos estatales.
El Gobierno de Salta avanzó con una nueva herramienta para controlar cómo se utilizan los vehículos oficiales de la Provincia. A través de un nuevo Manual de Misiones y Funciones de la Subsecretaría del Parque Automotor, se establecieron criterios para centralizar la gestión de la flota y reforzar la fiscalización sobre los móviles estatales.
La normativa pone especial énfasis en evitar que los vehículos sean utilizados para fines ajenos a la actividad oficial. También delimita responsabilidades vinculadas con la guarda, conservación y utilización de cada unidad.
Uno de los principales ejes estará puesto en los gastos asociados a la flota. La Subsecretaría tendrá entre sus tareas el seguimiento del consumo de combustible, los cupos asignados, el kilometraje, la disponibilidad de los vehículos y los costos operativos.
A partir de esa información, el organismo deberá planificar el abastecimiento y mantenimiento de las unidades, además de definir su asignación de acuerdo con las necesidades de las distintas áreas de la administración provincial.
El nuevo esquema incorpora herramientas informáticas para mejorar el seguimiento de la flota. El manual contempla el uso de bases de datos y sistemas de geolocalización como instrumentos para administrar, controlar y fiscalizar los vehículos oficiales.
La intención es contar con información que permita conocer el estado y utilización de los móviles, además de facilitar el seguimiento de variables como recorridos, kilometraje y consumo.
La centralización de esos datos también apunta a ordenar la administración del parque automotor y detectar eventuales irregularidades en el uso de los vehículos.
El manual establece además un régimen de responsabilidades para quienes incumplan las pautas fijadas para el manejo de los vehículos oficiales.
Las irregularidades podrán derivar en responsabilidad administrativa y sanciones disciplinarias. En los casos en que la conducta pudiera constituir un delito, también se prevé la posibilidad de realizar las correspondientes denuncias penales.
De esta manera, el Gobierno busca establecer un esquema de mayor control sobre una de las áreas que genera gastos permanentes para el Estado: combustible, mantenimiento, disponibilidad y funcionamiento de la flota oficial.
