El gobernador Gustavo Sáenz recorrió este fin de semana la obra de la primera etapa de la Ciudad Judicial de San Ramón de la Nueva Orán, un proyecto estratégico para el norte provincial que concentrará en un mismo predio dependencias del Poder Judicial, el Ministerio Público y una nueva Alcaidía.
Durante la visita, también supervisó el tramo final de la ampliación y refuncionalización de la Escuela N° 4.089 “General Pizarro”, ejecutada con fondos provinciales tras la suspensión del financiamiento nacional.
Acompañado por el intendente Baltasar Lara Gros, el mandatario verificó que la Ciudad Judicial registra un avance del 37% y destacó la importancia de garantizar la continuidad de una obra considerada clave para mejorar el acceso a la justicia en la región.
“Es una obra fundamental, histórica y largamente esperada para el acceso a la justicia y el fortalecimiento institucional del norte salteño. Por eso trabajamos incansablemente para que se concrete. La obra pública es sinónimo de crecimiento, pero fundamentalmente es fuente de trabajo genuino”, expresó Sáenz.
La construcción se desarrolla bajo un esquema de cofinanciamiento entre Nación y Provincia. Sin embargo, ante la falta de actualización de los valores contractuales por parte del Gobierno nacional, la administración provincial decidió incrementar su aporte económico para sostener el ritmo de ejecución. Actualmente, el proyecto genera empleo para 140 trabajadores.
La continuidad de los trabajos fue posible gracias a las gestiones realizadas por el Ejecutivo salteño, que permitieron asegurar el compromiso de finalización de la obra mediante convenios firmados con Nación en junio de 2024.
En el marco de la misma recorrida, el Gobernador inspeccionó las tareas finales de ampliación y refuncionalización de la Escuela General Pizarro, una intervención que busca mejorar la infraestructura educativa y ampliar la capacidad de atención para los estudiantes de la zona.
Desde el Gobierno provincial remarcaron que ambas obras forman parte de una estrategia para sostener la inversión pública en infraestructura, garantizar servicios esenciales y mantener fuentes de empleo en distintos puntos de la provincia, aun en un contexto de reducción de fondos nacionales.
