El Gobierno provincial dicta un plan de austeridad por 180 días y apunta al gasto político para evitar un impacto social.
En un contexto de fuerte retracción de los recursos, el gobierno de Salta activó un plan de ajuste interno con el que busca contener el deterioro de las cuentas públicas sin trasladar el costo a la población. La decisión, formalizada mediante un decreto firmado por el gobernador Gustavo Sáenz, establece un régimen de austeridad que regirá durante los próximos 180 días.
La medida responde a una caída sostenida de la coparticipación federal, asociada al descenso del consumo. Frente a ese escenario, la administración provincial optó por recortar primero en su propia estructura. “El esfuerzo debe comenzar por el Estado”, sintetizaron desde el Ejecutivo.
El paquete incluye el congelamiento de salarios de toda la planta política —desde el propio gobernador hasta autoridades de organismos descentralizados— y la suspensión de nuevas contrataciones. A la par, se dispuso un freno a los gastos considerados no esenciales: quedan restringidos los viajes oficiales al exterior, salvo excepciones justificadas, y se eliminan erogaciones en protocolo y cortesía.
El ajuste también alcanza a la revisión de contratos. En un plazo de 60 días, el Gobierno buscará renegociar acuerdos en moneda extranjera vinculados a bienes y servicios, en un intento por reducir el impacto de la volatilidad cambiaria. Además, se implementará un control más estricto sobre el uso de vehículos oficiales y el consumo de combustible, mientras que los organismos descentralizados deberán rendir cuentas mensualmente ante el Ministerio de Economía.
Desde la vocería oficial subrayaron que la iniciativa no implica un recorte en áreas sensibles. Por el contrario, remarcaron que la Provincia continuará sosteniendo programas clave como el subsidio al transporte, el incentivo docente y la asistencia a instituciones que trabajan con personas con discapacidad.
En esa línea, se destacó el caso de entidades que reciben cobertura total de servicios básicos, en un esquema de apoyo que el Gobierno busca preservar pese al ajuste. También se mencionaron gestiones ante Nación para regularizar deudas con este tipo de organizaciones y la recuperación de pensiones previamente dadas de baja.
El escenario, sin embargo, se complejiza por decisiones adoptadas a nivel nacional. La eliminación del programa “Volver al Trabajo” implica un recorte significativo de ingresos en la provincia: más de 50.000 beneficiarios se ven afectados y se estima una retracción de unos 4.000 millones de pesos mensuales, con impacto directo en el consumo local.
A pesar de ese cuadro, el Ejecutivo provincial insiste en sostener su presencia en territorio, especialmente ante situaciones de emergencia. Durante los últimos meses, operativos de asistencia incluyeron más de un centenar de vuelos para llevar alimentos, agua y medicamentos a zonas aisladas, además de la distribución masiva de módulos alimentarios y otros insumos en municipios afectados.
Las obras de infraestructura sobre el río Pilcomayo, financiadas con recursos propios, también fueron señaladas como un factor clave para mitigar riesgos frente a eventos climáticos recientes.
Con este esquema, el Gobierno busca equilibrar una ecuación delicada: ajustar sin paralizar la gestión y sostener la asistencia en un contexto económico cada vez más restrictivo.
