Lázaro Báez manejaba sus casas de Pinamar desde la cárcel, según la Justicia
Anotaciones manuscritas secuestradas en su celda de Ezeiza muestran que el empresario kirchnerista seguía al frente de cinco propiedades en Pinamar, pese a cumplir una condena de 15 años.

Una frase escrita a mano por Lázaro Báez quedó en el centro de una causa nueva: "Pinamar: lo controlamos nosotros". El papel apareció en su celda del penal de Ezeiza durante un allanamiento realizado el 10 de noviembre, y hoy es parte de la prueba que la Justicia usa para imputarlo como jefe de una organización de lavado de activos que, según la sospecha fiscal, él mismo seguía dirigiendo desde la prisión.
El empresario cumple una condena unificada de 15 años por otros delitos. Esa pena no le impidió, de acuerdo con la hipótesis de los investigadores, mantener el control operativo de un patrimonio disperso por el país. En Pinamar, el foco cayó sobre cinco casas que Báez tiene en una de las zonas más cotizadas del balneario, valuadas en conjunto en US$1.500.000: tres de ellas habían sido noticia en 2018, cuando el propio Báez denunció desde la cárcel que estaban usurpadas.
Según reconstruyó La Nación (https://www.lanacion.com.ar/politica/lazaro-baez-seguia-controlando-desde-la-carcel-sus-casas-en-pinamar-nid22112026/), medio que accedió a los papeles secuestrados, Báez no actuaba solo. Las escuchas telefónicas apuntan a Cristian Ibáñez, alias "Budín", como el hombre que bajaba línea en el terreno: recibía instrucciones sobre alquileres, pagos y cobranzas de los campos. Ibáñez ya estaba en la mira de los fiscales por una causa de narcotráfico, y fue justamente esa investigación la que llevó a la Unidad Fiscal de Río Gallegos hasta el empresario preso.
Los apuntes manuscritos bajan al detalle más chico de la administración de esas propiedades: montos de luz y de gas, transferencias de dinero y un recordatorio para conseguir "los libros de la sociedad" y resolver una "deuda estado". Esa sociedad es Austral Atlántica SA, creada en 2007 para prestar servicios inmobiliarios y que figura entre las empresas satélite del entramado de Báez, con sede en el mismo domicilio de Capital Federal donde está radicada la mayoría de sus firmas. Por su directorio pasaron, en distintos momentos, el contador histórico de Austral Construcciones y el presidente de esa constructora.
Los registros societarios consultados por el diario muestran que en 2024 se designó un nuevo directorio, encabezado por Lorena Verónica Castro, y que a marzo de este año la sociedad acumulaba una deuda de más de $800.000 con la Agencia de Recaudación de Buenos Aires y de casi $2 millones en impuestos inmobiliarios.
Mientras los investigadores analizaban las escuchas, en el mercado inmobiliario de Pinamar ya circulaban señales de que algo se movía: fuentes del sector habían detectado que las cinco propiedades se ofrecían juntas a potenciales compradores, por montos de entre US$500.000 y US$700.000, la mitad de lo que valen según la tasación. Según esas mismas fuentes, quien estaba al frente de esas gestiones era Claudia Insaurralde, pareja de Báez y hoy detenida en Buenos Aires tras los allanamientos.
Para la fiscalía, el cuadro completo describe algo más que un patrimonio mal explicado: una maniobra activa para poner en circulación bienes que, por orden judicial, deberían estar inhibidos y destinados a cubrir las condenas pendientes del empresario.
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