El fiscal de Cámara solicitó incluir en la acusación original una retención multimillonaria por publicidad que debían cobrar los clubes. Además, el juez Amarante desestimó el pedido de las defensas de archivar el expediente.
El panorama judicial se oscurece para la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Su presidente, Claudio «Chiqui» Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, sufrieron este viernes un doble revés en la causa que los investiga por la apropiación indebida de fondos tributarios y previsionales.
Por un lado, la fiscalía pidió endurecer las acusaciones sumando $6.000 millones a la maniobra investigada. Por el otro, la Justicia rechazó de plano los intentos de la defensa para cerrar el expediente y apartar al juez de la causa.
El peso de los $6.000 millones: la lupa sobre la publicidad
El fiscal de la Cámara en lo Penal Económico, Gabriel Pérez Barberá, presentó un escrito solicitando que se ratifiquen y agraven los procesamientos ya dictados contra Tapia, Toviggino y otros dirigentes (como el gerente general Gustavo Lorenzo, el secretario general Cristian Malaspina y el ex secretario Víctor Blanco).
A fines de marzo, los directivos habían sido procesados por no pagar en término $19.300 millones en concepto de IVA, Ganancias y aportes previsionales. Sin embargo, el fiscal general coincidió con su colega de primera instancia, Claudio Navas Rial, en que la acusación original dejó afuera un botín clave: las retenciones por patrocinio con fines publicitarios.
Según el dictamen, la AFA estaba obligada a retener y canalizar esos ingresos (estimados en $6.679.796.471) hacia el sistema de seguridad social para financiar a los clubes. «Excluir esos importes desnaturaliza la finalidad del régimen y deja sin tutela penal una parte sustancial de los recursos», sostuvo Pérez Barberá, remarcando que la AFA actuó como intermediaria y no como «titular pleno» de esos fondos.
Si la Cámara acepta este pedido, el delito no cambiará de carátula, pero el salto astronómico en el monto de la evasión agravaría las medidas cautelares contra los dirigentes, quienes ya enfrentan embargos por $350 millones y la prohibición de salir del país.
