La Merced: la Corte frenó la ordenanza, pero no el juicio político a Wayar

La suspensión de la ordenanza que reglamentaba el juicio político contra el intendente de La Merced, Javier Wayar, abrió un nuevo capítulo en el conflicto institucional del municipio. Aunque la Corte de Justicia de Salta observó posibles cuestionamientos constitucionales y frenó temporalmente la aplicación de la norma, desde el Concejo Deliberante sostienen que la decisión no clausura la posibilidad de avanzar contra el jefe comunal.

Franco Gorritti, asesor legal del cuerpo legislativo, explicó que la presentación ante la Justicia fue realizada por el Ejecutivo municipal y que ahora deberán analizarse los argumentos de ambas partes. Según señaló, la posición del Concejo es que la Ordenanza 11/2026 establece un marco para hacer operativo un mecanismo contemplado en la Constitución provincial.

“La atribución de juicio político es del Concejo Deliberante, y eso no cambia a pesar de la medida cautelar. Sigue teniendo esa potestad”, afirmó Gorritti, al diferenciar la suspensión de la reglamentación de las facultades que, según su interpretación, conserva el órgano legislativo.

El asesor aseguró que el Concejo considera que cuenta con fundamentos jurídicos para defender la norma y el procedimiento impulsado. En ese sentido, indicó que responderán a las objeciones planteadas y explicarán cómo entienden que la reglamentación respeta las garantías constitucionales.

“Una medida cautelar es simplemente una medida provisoria de suspensión para que se den las explicaciones correspondientes”, sostuvo. La resolución, por lo tanto, no constituye todavía un pronunciamiento definitivo sobre la constitucionalidad de la ordenanza. Mientras se desarrolla la controversia judicial, Wayar continúa en el ejercicio de sus funciones como intendente.

Uno de los argumentos centrales del Concejo es que la Carta Orgánica Municipal de La Merced establece la obligación de reglamentar el juicio político. Gorritti destacó que esa disposición, según su interpretación, distingue al municipio de otras jurisdicciones que no cuentan con una exigencia equivalente en sus respectivas cartas orgánicas.

El asesor también cuestionó la falta de una regulación uniforme para los concejos deliberantes de la provincia y advirtió sobre las dificultades que esto genera al momento de instrumentar procedimientos de este tipo. “Al no haber una reglamentación única para todos los concejos deliberantes, generalmente todos los juicios políticos terminan siendo rechazados por la Corte”, afirmó.

El desenlace dependerá ahora del análisis judicial de los planteos presentados y de la respuesta que pueda ofrecer el Concejo. Hasta que exista una decisión definitiva, la suspensión de la Ordenanza 11/2026 mantiene frenada su aplicación, mientras continúa abierta la disputa sobre el alcance de las atribuciones institucionales y el procedimiento para evaluar la eventual responsabilidad política del intendente.