ONG advierten que la crisis de las personas en situación de calle en la capital salteña también se alimenta de migraciones internas marcadas por la violencia, las adicciones y la exclusión social.
El aumento de personas que viven en la calle en la ciudad de Salta no puede explicarse solo por dinámicas locales. Organizaciones sociales que trabajan diariamente en el territorio alertan que una porción relevante de esta población llega desde otras provincias, principalmente desde Córdoba y Santa Fe, con trayectorias atravesadas por la vulnerabilidad extrema.
Desde la asociación civil Hermanos en la Calle, su referente Miguel López Mena señala que, aunque la mayoría de las personas asistidas son salteñas, se observa un flujo constante de personas provenientes de grandes centros urbanos, en especial de Rosario. “No llegan por casualidad: vienen huyendo de escenarios de violencia, de consumos problemáticos y de vínculos familiares rotos”, explica.
En muchos casos, el desplazamiento responde a una búsqueda desesperada de recomenzar. Salta aparece en ese mapa como una ciudad posible: turística, de escala media y con la promesa —muchas veces ilusoria— de oportunidades laborales informales. Pero esa expectativa suele diluirse rápidamente. La falta de empleo estable, de vivienda y de contención, sumada a problemas de adicciones activos, termina empujando a estas personas a una situación de calle que se prolonga en el tiempo.
Lejos de ser un fenómeno aislado, desde la organización advierten que se trata de procesos acumulativos de exclusión. La pérdida del trabajo, la ausencia de políticas de salud mental, la dificultad para acceder a tratamientos y la ruptura de los lazos familiares conforman una trama que deja a muchas personas sin alternativas reales.
“La calle no es un punto de partida, es el último eslabón de una cadena de exclusión”, subraya López Mena. Una vez allí, el deterioro se acelera: el consumo se profundiza, los vínculos se debilitan aún más y las posibilidades de salida se reducen drásticamente. La movilidad entre provincias, sin acompañamiento estatal, suele agravar esa precariedad.
Frente a este escenario, las organizaciones sociales insisten en que la respuesta no puede limitarse a la asistencia de emergencia. Reclaman políticas integrales y coordinadas que aborden la prevención, la salud mental, el acceso al trabajo y la reconstrucción de redes familiares y comunitarias. Sin ese enfoque, advierten, la calle seguirá siendo un destino forzado para quienes ya quedaron al margen.
