Jueces advirtieron en Salta que bajar la edad de imputabilidad no resuelve el delito juvenil

Consultada sobre experiencias similares en otros países, la jueza fue cauta: dijo que existen antecedentes en Europa y México, pero aclaró que "no hay antecedentes con resultados" y que se trata de contextos distintos, varios de ellos atravesados por problemas serios de narcocriminalidad que no son comparables con la situación argentina.

La magistrada llevó la discusión más allá del sistema penal y planteó que hacen falta otras políticas públicas que consideren el contexto y la historia de los adolescentes que llegan a la Justicia, muchos de los cuales, señaló, nunca estuvieron institucionalizados previamente para algo tan básico como asistir a la escuela. En ese punto relató una conversación que tuvo con un joven, durante una reunión con personas de bajos recursos, que la interpeló sobre el sentido de la reinserción social: "¿A dónde me quieren reinsertar?", le preguntó, una frase que Ledesma usó para ilustrar la distancia entre dos realidades sociales que conviven en el país.

La mirada de JUFEJUS

Otra de las voces centrales del congreso fue Emilia María Valle. La magistrada preside la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conocida como JUFEJUS, y además integra el Superior Tribunal de Justicia del Chaco. Valle remarcó la convocatoria "sorprendente" lograda por el encuentro, agradeció a la Corte de Salta, a la Escuela de la Magistratura y al Foro Penal Juvenil de JUFEJUS, y contó que la provincia fue sede de reuniones de la comisión directiva de esa junta y de REFLEJAR, el instituto que agrupa a las escuelas judiciales del país.

Según Valle, existe consenso entre los jueces en que, sea cual sea el diseño legislativo, el sistema penal juvenil tiene que leerse e interpretarse tomando como base la Constitución, la Convención de los Derechos del Niño y los tratados internacionales en la materia. Sobre si la nueva ley puede contribuir a bajar el delito, puso el foco en la reintegración social como herramienta de prevención: "Reintegrar socialmente un adolescente también es prevenir delitos, entonces es construir seguridad y paz social". Y volvió a marcar distancia, como Ledesma, respecto de la idea de que la reducción de la edad de imputabilidad alcance para resolver el problema por sí sola: remarcó que la nueva legislación era necesaria porque la ley anterior, la 22.278, era de la época de la dictadura, pero que la respuesta de fondo pasa por políticas de salud, educación y un trabajo interdisciplinario coordinado entre los tres poderes del Estado.

El dato: apenas entre el 3% y el 4% de los delitos

El tercer panel del congreso, "Especialidad y nueva ley penal juvenil", contó entre sus expositores con Mario Rodrigo Morabito, juez de Responsabilidad Juvenil de Catamarca y autor del libro "Ni Tutelados ni Adultos. Análisis integral del nuevo régimen penal juvenil - Ley Nº 27.801". Morabito aportó un dato que atraviesa buena parte del debate público sobre inseguridad: de acuerdo con las estadísticas que citó, apenas entre el 3% y el 4% de todos los delitos que se registran en el país son cometidos por niños, niñas y adolescentes. El juez planteó, de todos modos, la necesidad de analizar esas cifras provincia por provincia, porque "la realidad de Buenos Aires no es la misma que la del resto de las provincias".

Al cerrar su exposición, Morabito apeló a una figura histórica salteña para dejar un mensaje: pidió a los padres que cuiden y valoren a sus hijos, y recordó a Martín Miguel de Güemes como ejemplo de quien, dijo, también se preocupó por proteger a los niños en su época.