Jueces advirtieron en Salta que bajar la edad de imputabilidad no resuelve el delito juvenil

Salta fue sede del IV Congreso Nacional Penal Adolescente y Juvenil, un encuentro que convocó a jueces, especialistas y operadores del sistema judicial para discutir cómo abordar el delito cometido por adolescentes. El evento, organizado bajo el lema "La especialidad como garante de la paz social", reunió a unas 2 mil personas en un momento marcado por la entrada en vigencia de la nueva Ley de Régimen Penal Juvenil, según informó El Tribuno.

La conferencia magistral "Las deudas de la nueva ley penal juvenil" estuvo a cargo de Ángela Ester Ledesma, jueza de la Cámara Nacional de Casación Penal y profesora de Derecho Social de la Universidad de Buenos Aires, quien apuntó directamente contra uno de los argumentos que más circulan en la discusión pública: la relación entre la edad de imputabilidad y los niveles de delito. "Siempre he sido contraria a estos criterios porque realmente estoy convencida de que no tiene nada que ver la baja de la imputabilidad con el delito", sostuvo.

Para la magistrada, plantear la reducción de la edad de imputabilidad como respuesta al delito forma parte de discursos que reaparecen periódicamente en el debate penal, con la idea de que una reforma legislativa puede modificar por sí sola una situación compleja. "Yo creo que esto para nada va a modificar la situación del delito en Argentina. Estoy convencida de que no va a haber ninguna incidencia favorable como consecuencia de la baja de la edad de imputabilidad", afirmó.

Ledesma también destacó que en las últimas décadas, a partir de los años 90, se produjo una transformación en las concepciones y en la jurisprudencia sobre los adolescentes en conflicto con la ley penal, impulsada desde una perspectiva de derechos humanos que toma como base los instrumentos internacionales incorporados a la Constitución tras la reforma de 1994.

Consultada sobre experiencias similares en otros países, la jueza fue cauta: dijo que existen antecedentes en Europa y México, pero aclaró que "no hay antecedentes con resultados" y que se trata de contextos distintos, varios de ellos atravesados por problemas serios de narcocriminalidad que no son comparables con la situación argentina.

La magistrada llevó la discusión más allá del sistema penal y planteó que hacen falta otras políticas públicas que consideren el contexto y la historia de los adolescentes que llegan a la Justicia, muchos de los cuales, señaló, nunca estuvieron institucionalizados previamente para algo tan básico como asistir a la escuela. En ese punto relató una conversación que tuvo con un joven, durante una reunión con personas de bajos recursos, que la interpeló sobre el sentido de la reinserción social: "¿A dónde me quieren reinsertar?", le preguntó, una frase que Ledesma usó para ilustrar la distancia entre dos realidades sociales que conviven en el país.

La mirada de JUFEJUS

Otra de las voces centrales del congreso fue Emilia María Valle. La magistrada preside la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conocida como JUFEJUS, y además integra el Superior Tribunal de Justicia del Chaco. Valle remarcó la convocatoria "sorprendente" lograda por el encuentro, agradeció a la Corte de Salta, a la Escuela de la Magistratura y al Foro Penal Juvenil de JUFEJUS, y contó que la provincia fue sede de reuniones de la comisión directiva de esa junta y de REFLEJAR, el instituto que agrupa a las escuelas judiciales del país.

Según Valle, existe consenso entre los jueces en que, sea cual sea el diseño legislativo, el sistema penal juvenil tiene que leerse e interpretarse tomando como base la Constitución, la Convención de los Derechos del Niño y los tratados internacionales en la materia. Sobre si la nueva ley puede contribuir a bajar el delito, puso el foco en la reintegración social como herramienta de prevención: "Reintegrar socialmente un adolescente también es prevenir delitos, entonces es construir seguridad y paz social". Y volvió a marcar distancia, como Ledesma, respecto de la idea de que la reducción de la edad de imputabilidad alcance para resolver el problema por sí sola: remarcó que la nueva legislación era necesaria porque la ley anterior, la 22.278, era de la época de la dictadura, pero que la respuesta de fondo pasa por políticas de salud, educación y un trabajo interdisciplinario coordinado entre los tres poderes del Estado.

El dato: apenas entre el 3% y el 4% de los delitos

El tercer panel del congreso, "Especialidad y nueva ley penal juvenil", contó entre sus expositores con Mario Rodrigo Morabito, juez de Responsabilidad Juvenil de Catamarca y autor del libro "Ni Tutelados ni Adultos. Análisis integral del nuevo régimen penal juvenil - Ley Nº 27.801". Morabito aportó un dato que atraviesa buena parte del debate público sobre inseguridad: de acuerdo con las estadísticas que citó, apenas entre el 3% y el 4% de todos los delitos que se registran en el país son cometidos por niños, niñas y adolescentes. El juez planteó, de todos modos, la necesidad de analizar esas cifras provincia por provincia, porque "la realidad de Buenos Aires no es la misma que la del resto de las provincias".

Al cerrar su exposición, Morabito apeló a una figura histórica salteña para dejar un mensaje: pidió a los padres que cuiden y valoren a sus hijos, y recordó a Martín Miguel de Güemes como ejemplo de quien, dijo, también se preocupó por proteger a los niños en su época.