Imputan a exfuncionarios de la gestión de Bettina Romero y a empresarios por «irregularidades en obras públicas»
La Fiscalía investiga maniobras que habrían generado pagos por trabajos no realizados, con certificados falsos y posible encubrimiento de funcionarios de la Municipalidad de Salta. Entre los casos se encuentra la remodelación de la Plaza 9 de Julio. La fiscal penal subrogante de la Unidad de Delitos
La Fiscalía investiga maniobras que habrían generado pagos por trabajos no realizados, con certificados falsos y posible encubrimiento de funcionarios de la Municipalidad de Salta. Entre los casos se encuentra la remodelación de la Plaza 9 de Julio.
La fiscal penal subrogante de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente a una inspectora de obra de la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Salta, a dos socios de una empresa dedicada a la construcción de obras de ingeniería civil y al representante técnico de la misma, como coautores de los delitos de falsedad ideológica de documento público en concurso ideal con fraude a la administración pública (seis hechos), y en concurso real.
Además, la inspectora, los hermanos propietarios de la empresa constructora y el representante de la misma fueron imputados por falsedad ideológica de documento público en otros hechos. Asimismo, el exsecretario Legal y Técnico, Daniel Nallar fue imputado provisionalmente por encubrimiento por omisión de denuncia, en calidad de autor. Durante las audiencias, éste decidió ejercer su propia defensa, mientras que los demás imputados estuvieron asistidos por abogados particulares.
Un exsubsecretario de Obras Públicas y otra inspectora de obras del municipio solicitaron una prórroga de la audiencia, por lo que fueron citados a una nueva instancia en la que se les leerá el decreto de imputación y podrán optar por declarar.
La intervención de la Unidad de Delitos Económicos inició con la denuncia radicada por el Procurador General de la Municipalidad de Salta, quien aseguró que a fines de 2023 detectaron un expediente que revelaba posibles irregularidades en obras públicas, con pagos por trabajos no realizados. Según manifestó, el entonces subsecretario de Obras Públicas habría ordenado certificar avances de obra que no se correspondían con el estado real de ejecución, con el fin de adelantar pagos y así iniciar obras complementarias sin cumplir con los procedimientos legales exigidos, como la aprobación de pliegos o la contratación formal.
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