En un hecho sin precedentes en la Iglesia argentina, una jueza de Salta encontró culpable de violencia de género a un arzobispo, un obispo emérito y dos sacerdotes en perjuicio de unas monjas de un histórico convento de la capital provincial y les ordenó someterse a un tratamiento psicológico y a una capacitación en cuestiones de género. Además, ratificó que deben seguir cumpliendo una perimetral.
La jueza Carolina Cáceres Moreno consideró probados los hechos de violencia de género ejercidos por el arzobispo de Salta, Mario Cargnello, en perjuicio de las hermanas Carmelitas Descalzas del convento San Bernardo, con las que venía manteniendo diferencias desde hacía años. También, por el obispo emérito Martín de Elizalde, el vicario judicial Loyola Pinto y de Sancristóval y el sacerdote Lucio Ajalla.
La jueza estableció, además, que también se notifique al papa Francisco, mediante su delegado pontificio Javier Belda Iniesta, en su carácter de garante del acuerdo celebrado entre el arzobispado y el convenio el 27 de agosto de 2022 para encauzar la relación, más allá de proceso judicial.
La relación entre el arzobispo y las monjas comenzó a deteriorarse hace años a partir del apoyo de las religiosas a la devoción a la llamada Virgen del Cerro, que desde hace más de dos décadas atrae multitudes en torno a su ermita, ubicada en las afueras de la ciudad de Salta, y de quien dice recibir mensajes la salteña María Livia Galliano, una mujer que realiza imposición de manos en los rezos grupales.
La jueza les a ordenó a a los cuatro religiosos «realizar tratamiento psicológico con perspectiva de género a fin de trabajar patrones vinculares y hechos de violencia» por lo que deberán presentar ante el juzgado constancias del cumplimiento de lo resuelto en este punto, de manera mensual durante el plazo de seis meses, «bajo apercibimiento de desobediencia judicial».
