Guatemala despidió entre reclamos de justicia al exfiscal asesinado en una cancha de judo

Un abogado que supo encabezar la agencia tributaria y la fiscalía de su país terminó baleado al borde de una cancha de judo, mientras dirigía a un equipo. Ese contraste es el que explica por qué la muerte de Juan Francisco Solórzano Foppa se convirtió este martes en un reclamo público de justicia en el centro de Ciudad de Guatemala.

Sus restos llegaron a la Plaza de la Constitución, en la zona 1 capitalina, y ahí se juntaron familiares, amigos y vecinos para despedirlo con un homenaje abierto frente al Palacio Nacional de la Cultura. Según relató el medio guatemalteco Infobae, la concentración exigió el esclarecimiento del ataque y coincidió, casi sin buscarlo, con la fecha en que Guatemala conmemora la Revolución de 1944.

El acto arrancó con una ceremonia de raíz ancestral, con dirigentes que pidieron por el alma del exfuncionario antes de que llegara el ataúd. Lo recibieron con flores e incienso en la Plaza de las Niñas, donde se hizo el homenaje de cuerpo presente previo al entierro. La familia había organizado el día con horarios precisos: el cortejo salió a las 7:30 desde una funeraria de la zona 9, donde se veló al abogado; el homenaje público se fijó para las 8:00, y la inhumación, cerca de las 10:30, en un cementerio del municipio de Mixco.

Quienes organizaron la despedida le pidieron algo puntual a la prensa: que respetara la privacidad de los hijos de Solórzano Foppa y que no los fotografiara ni los entrevistara durante la jornada. Para eso, designaron personas que indicaran a los periodistas qué espacios podían cubrir, aunque el recorrido completo del cortejo nunca se hizo público.

El crimen que originó el homenaje ocurrió el sábado 17 de octubre, cuando Solórzano Foppa participaba de un encuentro deportivo en el Campo Marte, en la zona 5 de la capital. Le dispararon mientras dirigía a un equipo desde el borde de la cancha. En el mismo ataque murió Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, empleado de la Federación Deportiva Nacional de Judo. Los agentes que custodiaban al abogado estaban a entre 30 y 40 metros, junto al hijo de la víctima, y llegaron tarde para reaccionar.

Lo que vino después fue, en parte, lo que empujó a tanta gente a la plaza: el Ministerio Público investiga las circunstancias del doble homicidio, y la Policía Nacional Civil abrió pesquisas propias, tanto sobre el ataque como sobre la detención de los hermanos Choc Toz, que había quedado ligada al caso y terminó en libertad por falta de mérito. La Dirección General de la PNC informó el lunes que dos áreas especializadas trabajan junto a la fiscalía para reconstruir qué pasó.

La policía guatemalteca aprovechó además para pedir recursos: cámaras corporales y sistemas de videovigilancia para las patrullas, con el argumento de evitar procedimientos irregulares de sus propios agentes. Es un detalle que no es menor cuando el reclamo central de la plaza fue, justamente, que la custodia de un exfuncionario no alcanzó para evitar que lo mataran a metros de su protección oficial.

La historia de Solórzano Foppa —de la administración tributaria a la fiscalía y de ahí a una cancha de judo donde lo esperaba una bala— vuelve a instalar afuera de Guatemala una pregunta que no es exclusiva de ese país: qué tan protegidos están, en la práctica, quienes pasaron por cargos sensibles de control del Estado. Según el mismo relevamiento de Infobae, ese es justamente el expediente que ahora investigan el Ministerio Público y la policía, con dos crímenes y una detención fallida todavía sin explicación oficial.