El Gobierno adjudicó la venta de AySA por US$340 millones a un consorcio liderado por Rowing

El Ministerio de Economía resolvió este jueves adjudicar la licitación pública nacional e internacional para vender el 90% del paquete accionario estatal de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa que presta el servicio de agua potable y cloacas en el área metropolitana de Buenos Aires.

Según informó Ámbito, el ganador fue el consorcio integrado por Rowing SA, Arcos Saneamento e Participaçoes SA, PHX Aqua AR BV y Transclor SA, que ofertó US$340,2 millones sin IVA. La decisión quedó formalizada en la Resolución 1818/2026, publicada en el Boletín Oficial con la firma del ministro Luis Caputo. Un segundo consorcio, encabezado por Roggio Roas junto a Hidrosan Capital, Aguas del Plata y Central Buen Ayre, había ofrecido 285 millones de dólares y quedó en el segundo puesto del orden de mérito.

La resolución establece el 13 de noviembre como fecha límite para que las partes firmen el contrato de compraventa de acciones. Además, instruye a la Tesorería General de la Nación para que comunique al consorcio ganador la cuenta en la que deberá depositar el pago correspondiente al paquete accionario, equivalente a 135.000 acciones ordinarias de valor nominal de $1.000 cada una.

El texto oficial sostiene que la oferta ganadora resulta razonable a partir de la tasación que hizo el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), y que el dictamen de la comisión evaluadora no recibió impugnaciones en el plazo previsto para hacerlo.

La privatización de AySA se enmarca en la Ley Bases, que la declaró sujeta a venta, y en un decreto de mediados de 2025 que autorizó transferir al menos el 51% del paquete accionario a un socio estratégico. El proceso de licitación se extendió varios meses: las ofertas técnicas se abrieron en septiembre, los dos consorcios quedaron preseleccionados a comienzos de octubre y las propuestas económicas se destaparon el 8 de ese mes a través de la plataforma estatal Contrat.ar.

La operación no quedó libre de cuestionamientos. Según el mismo informe, la oferta ganadora terminó por debajo de los US$500 millones que el Gobierno había tomado como piso de referencia, y un grupo de legisladores de la comisión bicameral que sigue las privatizaciones presentó una denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas para que se revise cómo se tasó la compañía. El planteo cuestiona que los informes de valuación se mantuvieran reservados y que el Tribunal de Tasaciones de la Nación, el organismo que habitualmente interviene en estos procesos, quedara al margen del cálculo final.