Estados Unidos marcó a Guatemala con más condenas por trata, pero asistencia que no llega

Guatemala quedó otra vez en el Nivel 2 del informe anual que el Departamento de Estado de Estados Unidos elabora sobre trata de personas en el mundo. La calificación, difundida en el Informe sobre la Trata de Personas 2026, significa que el país centroamericano todavía no cumple con los estándares mínimos para combatir este delito, aunque reconoce que durante 2025 hubo más persecución judicial y más víctimas identificadas que el año anterior.

El contraste que marca el documento es el que más pesa: mientras la Justicia procesó a más gente, el Estado llegó con asistencia a una porción chica de quienes fueron reconocidos como víctimas. Las instituciones públicas identificaron a 837 víctimas durante 2025, frente a 756 el año anterior, pero sólo 325 recibieron algún tipo de servicio estatal. La mejora respecto de las 124 personas atendidas en 2024 es real, pero deja afuera a la mayoría de los casos detectados.

Según el reparto que detalla el informe, entre las víctimas identificadas hubo 146 personas explotadas sexualmente, 542 sometidas a trata laboral y 149 bajo modalidades sin especificar, además de 22 extranjeros hallados dentro del país. De la asistencia brindada, 127 correspondió a explotación sexual, 44 a trata laboral y 154 a otras formas, en parte con apoyo de una organización no gubernamental financiada con fondos públicos.

En el terreno judicial, las autoridades guatemaltecas abrieron 369 investigaciones por trata durante 2025, bien por debajo de las 765 del año anterior. El Gobierno explicó esa caída por un problema informático que había multiplicado denuncias duplicadas en el período previo. Pese a esa baja, la cantidad de sospechosos llevados a juicio aumentó de 63 a 81, y los tribunales condenaron a 36 tratantes, la misma cifra que en 2024: 34 por explotación sexual y dos por explotación laboral. El Departamento de Estado no informó qué penas recibieron.

Un capítulo aparte del informe apunta a las cárceles para varones, donde mujeres y niñas encarceladas fueron víctimas de explotación sexual por parte de guardias. Un tribunal condenó a dos exfuncionarios penitenciarios por esos hechos: uno fue sentenciado a 13 años y cuatro meses de prisión, y el otro a 21 años y cuatro meses. En paralelo, otros 22 guardias quedaron bajo proceso, aunque según observadores locales varios terminaron imputados por figuras con penas más leves que la trata.

El propio texto describe un sistema con fisuras: Guatemala sostiene una unidad policial especializada, una fiscalía dedicada y cuatro juzgados con competencia en la materia, pero las ONG y funcionarios consultados coinciden en que la capacidad para detectar casos fuera de las grandes ciudades sigue siendo escasa. La corrupción de policías, inspectores laborales y autoridades locales aparece, según el informe, como uno de los frenos para una respuesta más firme del Estado.

El documento también pone la lupa en quiénes quedan más expuestos: niños y adultos guatemaltecos explotados en agricultura, talleres textiles, servicio doméstico y fábricas dentro de Estados Unidos, además de migrantes y solicitantes de asilo que cruzan territorio guatemalteco rumbo a México o a suelo estadounidense. Según el informe, las redes de tratantes reclutan a sus víctimas con avisos laborales falsos, redes sociales, aplicaciones de mensajería y hasta videojuegos.

El informe suma otro dato que no tiene que ver directamente con la trata pero sí con la relación bilateral: unos 327 profesionales médicos cubanos trabajaban en Guatemala bajo un convenio que, según el propio documento, los exponía a retención de salario y castigos arbitrarios. El Gobierno guatemalteco canceló ese acuerdo a comienzos de 2026 y anunció que el programa se cerrará de manera gradual antes de que termine el año.

La nota llega publicada por Infobae, que difundió el informe completo del Departamento de Estado.