El 78% de los participantes de una encuesta de Qué Pasa Salta dijo haber sufrido amenazas de "trapitos"

Un operativo policial realizado el viernes pasado en los alrededores de la Terminal de Ómnibus de Salta reavivó un reclamo que viene de arriba hace tiempo: las presiones, exigencias de dinero y amenazas de los llamados "trapitos", quienes cobran por cuidar autos estacionados en la vía pública sin ningún tipo de autorización.

El procedimiento se desarrolló en calle Pedro Pardo, en el barrio Villa Soledad, a metros de avenida Hipólito Yrigoyen, después de que vecinos y conductores vinieran reclamando por situaciones conflictivas en la zona. Según trascendió, los efectivos despejaron el sector e identificaron a las personas que se encontraban en el lugar.

A partir de ese operativo, Qué Pasa Salta les hizo una pregunta concreta a sus lectores: si alguna vez un cuidacoches les exigió dinero o los amenazó en la ciudad. Sobre casi 2.650 respuestas, un 47% dijo que le pasó varias veces y otro 31% contó que vivió una situación parecida al menos una vez. Sumados ambos grupos, el 78% de quienes contestaron la consulta reconoció haber atravesado algún episodio de ese tipo.

El propio medio aclaró que no se trata de una muestra representativa de toda la población salteña, sino del resultado entre quienes decidieron participar de la consulta online. Aun con esa salvedad, el número confirma que el reclamo por los cobros forzados en la vía pública sigue instalado entre buena parte de los vecinos.

No es la primera vez que el tema llega a instancias más formales. La Legislatura provincial había avanzado antes con una reforma al Código Contravencional (Ley N.º 7.135), que incorporó el artículo 77 bis para regular específicamente la actividad de quienes cobran estacionamiento sin permiso. Esa norma habilita sanciones de hasta 50 días de arresto o multas de hasta $360.000 para quienes incurran en cobros indebidos, y prevé además un registro provincial de permisionarios coordinado con los municipios, para que los automovilistas puedan distinguir a quien está habilitado de quien no.

Según se desprende de la consulta, el malestar de los conductores no pasa sólo por tener que pagar: lo que más preocupa, según remarcaron los propios encuestados, son las situaciones de presión o intimidación que a veces acompañan el pedido de dinero, y que pueden convertir un simple cobro informal en un conflicto de mayor gravedad para quien deja el vehículo estacionado.

El operativo del viernes y los resultados de la encuesta vuelven a poner sobre la mesa una pregunta que circula desde hace años en la ciudad: cómo controlar de manera efectiva una actividad que, pese al marco legal ya vigente, sigue generando reclamos puntuales en distintos sectores de Salta capital.