En plena crisis, Flavia Royón declaró un aumento patrimonial del 94,9% y quedó entre las mayores fortunas del Senado

Mientras buena parte de la sociedad enfrenta dificultades para llegar a fin de mes, la declaración patrimonial de la senadora nacional por Salta, Flavia Royón, muestra una evolución que no pasa inadvertida: sus bienes alcanzaron los $878 millones, tras un incremento nominal del 94,9% durante 2025, según un ranking elaborado a partir de declaraciones juradas.

El dato ubica a la legisladora entre los diez senadores con mayores patrimonios declarados y plantea una pregunta inevitable en medio de la crisis económica: ¿cómo evolucionó su fortuna durante el último año y qué explica semejante variación?

La cifra adquiere relevancia pública no solo por su magnitud, sino también por el contexto en el que se produjo. La pérdida de poder adquisitivo, las dificultades para sostener los gastos cotidianos y la incertidumbre económica forman parte de la realidad de numerosos hogares, mientras los bienes declarados por una representante de Salta registraron un crecimiento cercano al 95% en términos nominales.

El ranking es encabezado por Francisco Paoltroni, con un patrimonio declarado de $3.525 millones, seguido por Eduardo “Wado” de Pedro, con $3.389 millones. Royón aparece dentro del grupo de los diez legisladores con mayores fortunas informadas en la Cámara alta.

Sin embargo, el porcentaje de aumento requiere una lectura precisa. Una variación patrimonial no equivale necesariamente a dinero ganado durante el año: puede incluir revaluaciones de propiedades, cambios en inversiones y otros movimientos de activos. Para establecer qué explica el crecimiento de Royón sería necesario examinar el detalle de sus declaraciones juradas y comparar los bienes informados en ambos períodos.

Ese punto no elimina el interés público del caso. Por el contrario, refuerza la importancia de que los funcionarios ofrezcan información clara sobre la evolución de sus patrimonios. La transparencia no consiste únicamente en presentar una declaración, sino también en que la información disponible permita comprender las variaciones más significativas.

El incremento declarado por la senadora salteña no demuestra, por sí solo, la existencia de irregularidades. Pero en un escenario de dificultades económicas, el contraste entre la situación de los hogares y los patrimonios de quienes ocupan cargos públicos vuelve a poner sobre la mesa una exigencia central para la vida democrática: conocer cómo evolucionan los bienes de los representantes y contar con explicaciones verificables cuando los números llaman la atención.