“En el Chaco salteño no se movía un alfiler sin que Gerala lo supiera”: la acusación del fiscal

La anulación de la absolución de Atta Gerala, exintendente de Morillo, volvió a poner en el centro de la escena judicial la causa por el robo y contrabando de rieles del ferrocarril General Belgrano, que habrían sido destinados a la venta ilegal en Bolivia. El fiscal general Eduardo Villalba se refirió a la responsabilidad que le atribuye al exjefe comunal y describió las dificultades que enfrentó la investigación en el norte salteño.

“En el Chaco salteño no se movía un alfiler sin que él lo sepa”, afirmó Villalba al referirse a Gerala. El fiscal definió el expediente como un “delito de poder” y sostuvo que, por la influencia que ejercía el exintendente en la zona, resultaba imposible que desconociera el desmantelamiento de las vías ferroviarias.

Villalba explicó que las investigaciones por presuntos hechos de corrupción presentan obstáculos particulares cuando involucran a personas con poder político. Según señaló, quienes ocupan posiciones de autoridad no necesariamente ejecutan las maniobras de manera directa, sino que pueden recurrir a terceros para llevarlas adelante.

En ese contexto, el fiscal consideró que el temor a las autoridades municipales condicionó las posibilidades de denunciar posibles irregularidades. Como ejemplo, recordó la declaración de una persona perteneciente a una comunidad originaria que expuso ante los jueces el miedo que existía en la zona a realizar denuncias y señaló que, en ocasiones, las presentaciones no avanzaban o terminaban archivadas.

Para Villalba, ese testimonio permitió dimensionar las dificultades que enfrentaban los habitantes del Chaco salteño para acudir a la Justicia ante hechos que pudieran involucrar a quienes ejercían el poder político. La situación, según su planteo, habría contribuido a crear un entorno adverso para la investigación.

La causa tuvo un giro judicial luego de que la Cámara Federal de Casación Penal anulara la absolución que el Tribunal Oral Federal N.º 2 de Salta había dictado en abril a favor de Gerala por el beneficio de la duda. La decisión revirtió ese fallo y declaró al exintendente penalmente responsable como partícipe necesario en los delitos de contrabando agravado y robo agravado. La instancia siguiente deberá determinar la pena correspondiente.

El pronunciamiento de Casación modificó así el escenario procesal del exjefe comunal, mientras las declaraciones de Villalba volvieron a poner el foco en la relación entre poder político, temor a denunciar y persecución de delitos en el interior provincial. La responsabilidad penal atribuida por el tribunal y las consideraciones del fiscal forman parte de un caso que tendrá continuidad en la etapa de determinación de la pena.