El Gobierno Nacional actualizó el reglamento de residencias médicas

El Ministerio de Salud de la Nación oficializó este miércoles la actualización del reglamento del Sistema Nacional de Residencias Médicas a través de la Resolución 2109/2025, publicada en el Boletín Oficial. La norma introduce cambios profundos en la gestión de las becas, el mecanismo de ingreso y el vínculo legal entre los residentes y las instituciones.

Uno de los puntos centrales es la incorporación de dos modalidades optativas de beca: Beca Institución y Beca Ministerio. Ambas mantienen la financiación estatal, pero difieren en gestión y beneficios. En la primera, la institución formadora se encarga de los seguros (ART, mala praxis y salud) y los residentes reciben el monto total sin descuentos, con posibilidad de bonificaciones adicionales. En la segunda, la beca pasa por el Ministerio, se aplican descuentos previsionales y los residentes se integran a la obra social estatal, aunque no acceden a bonos extra institucionales.

El reglamento rescata la condición de “beca de formación” del programa, descartando su consideración como relación laboral o de obra o servicio. Esto busca “recuperar el sentido formativo del sistema”, corregir distorsiones acumuladas y otorgar mayor transparencia al financiamiento.

Además, se reconoce formalmente el Examen Único de Residencias como requisito obligatorio para acceder a la beca, garantizando criterios homogéneos y de mérito en todo el país. Los aspirantes pueden comenzar su formación a partir del 1 de septiembre de 2025.

También se modificaron los convenios: la resolución establece cuatro tipos según la modalidad de residencia y beca, con procedimientos específicos de rendición de cuentas que refuerzan los controles administrativos.

Por último, se implementa un nuevo criterio para el orden de mérito: los graduados íntegramente en universidades argentinas recibirán un adicional de cinco puntos en la evaluación, buscando equilibrar la competencia frente a títulos extranjeros.

En síntesis, la reforma apunta a priorizar la formación profesional local, ordenar la administración de los fondos y darle mayor autonomía a las instituciones formadoras, en el marco de una estructura más transparente y equitativa.