Presentó dos proyectos ante Diputados para ordenar el sistema y proteger a los usuarios.
El Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta avanzó en la Legislatura con la presentación de dos proyectos de ley que apuntan a reordenar el sistema energético y establecer límites a los cargos incluidos en las facturas de servicios.
La iniciativa fue expuesta ante diputados provinciales por el directorio del organismo, en una reunión en la que se delinearon los principales ejes de las propuestas. El primer proyecto plantea la adhesión parcial de la provincia a la Ley Nacional N° 24.065, con algunas excepciones, con el objetivo de alinear la normativa local a los lineamientos nacionales sin perder autonomía regulatoria.
El segundo eje apunta directamente al bolsillo de los usuarios: se propone fijar condiciones para la inclusión de tasas municipales en la factura de energía eléctrica. En concreto, busca impedir que se incorporen cargos en aquellos municipios que hayan aplicado aumentos por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
La propuesta se vincula con la Ley Provincial N° 8.457, que ya establece que los incrementos en servicios esenciales como luz y agua no pueden superar la inflación. Ahora, el Ente intenta extender ese criterio a otros conceptos que se suman a las boletas.
Desde el organismo aclararon que no se trata de una intromisión en la autonomía municipal, sino de fijar reglas para los convenios de cobro a través de la factura eléctrica, un mecanismo utilizado por distintos distritos.
El presidente del Ente, Carlos Saravia, sostuvo que la iniciativa busca “poner un límite” a los cargos adicionales y evitar subas desmedidas. “La idea es que todo aumento tenga un criterio razonable y no responda a decisiones arbitrarias”, señaló.
