El acusado de balear a un repartidor en Salta dice que el robo fue un plan para cobrarle a una ART

Una causa que investigaba el robo a mano armada contra un repartidor de sodas en el barrio 17 de Octubre, en la ciudad de Salta, dio un giro durante una audiencia judicial: el principal acusado sostuvo que el hecho no fue un asalto, sino una maniobra acordada de antemano para simular el ataque y así poder reclamar un beneficio ante una Aseguradora de Riesgos del Trabajo.

El episodio había ocurrido el 27 de abril, cerca de las 17.30, cuando el conductor de un camión de una empresa de sodas bajó del vehículo en una calle de tierra del barrio. Según la versión que mantiene la fiscalía, dos personas llegaron en una moto, le exigieron dinero y el trabajador entregó $200.000 y su celular. Pese a que ya había cumplido con el pedido, uno de los asaltantes le disparó en una pierna antes de escapar. El hombre terminó con una fractura de tibia y debió ser atendido en el Hospital San Bernardo.

La investigación derivó, hace poco más de un mes, en la detención de un sospechoso identificado con el apodo de "Bobo", acusado como presunto autor de un robo calificado por el uso de arma de fuego. Según expuso la fiscalía durante la audiencia, un allanamiento en su domicilio permitió secuestrar un teléfono celular que habría pertenecido a la víctima, uno de los elementos en los que se apoya la acusación. Con ese cuadro, el Ministerio Público Fiscal pidió 35 días más de prisión preventiva para el imputado.

La defensa, sin embargo, presentó una hipótesis completamente distinta. Según el abogado del acusado, días antes del hecho un conocido lo había contactado para proponerle un plan: disparar contra una persona que, de acuerdo con ese relato, ya no quería seguir trabajando y buscaba tramitar un retiro por el sistema de riesgos del trabajo. A cambio, le habrían ofrecido $200.000, divididos en dos pagos de $100.000. El propio imputado pidió hablar ante la jueza y confirmó esa versión, que todavía no cuenta con pruebas que la respalden.

La magistrada que llevó adelante la audiencia resolvió una posición intermedia entre ambos pedidos: ordenó que el acusado siga detenido, pero por 25 días en lugar de los 35 que había solicitado la fiscalía, y le dio a la defensa un plazo de 24 horas para aportar elementos que sostengan su versión del robo simulado.

A ese cuadro se sumó otro dato que pesó en la decisión judicial. El acusado denunció que, mientras estaba alojado en la Alcaidía, otro interno lo amenazó para que no contara su versión de los hechos. La jueza no hizo lugar al arresto domiciliario que pidió la defensa como respuesta, pero sí dispuso el traslado inmediato del detenido a la Unidad Carcelaria 1 de Villa Las Rosas como medida de protección, y le pidió a la fiscalía de turno que investigue esa denuncia por amenazas.

Lo que queda pendiente, y sobre lo que todavía no hay certeza, es si efectivamente hubo algún trámite iniciado ante una ART o algún pedido de indemnización por parte de la presunta víctima: según lo expuesto en la audiencia, no hay constancia de que eso haya ocurrido. Tampoco está probado que el repartidor haya participado de manera voluntaria en la maniobra que describe la defensa. Por eso la causa sigue abierta con dos relatos enfrentados: uno que describe un asalto violento con un trabajador baleado tras resistirse a nada, y otro que plantea un acuerdo previo para cobrar un beneficio laboral. Mientras ambas hipótesis se terminan de investigar, el acusado continúa privado de su libertad.

La información sobre la causa fue dada a conocer por El Tribuno, que accedió al desarrollo de la audiencia de revisión de la prisión preventiva.