La Comisión de Salud recibió a la secretaria Fabiana Ávila para abordar la incertidumbre generada por la auditoría nacional de pensiones por invalidez. Piden que se respete el acceso efectivo al derecho.
En medio de una creciente preocupación social, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de Salta mantuvo una reunión clave con la secretaria de Discapacidad y Políticas Inclusivas de la Provincia, Fabiana Ávila. El motivo: el impacto de la auditoría nacional sobre pensiones no contributivas por invalidez, que ha despertado alarma en diversas regiones, especialmente en zonas vulnerables afectadas por recientes inundaciones, como las comunidades cercanas a los ríos Pilcomayo y Bermejo.
El encuentro, presidido por la diputada Laura Cartuccia, sirvió para canalizar inquietudes y reclamar claridad frente al proceso impulsado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a través de la Resolución 187/2025.
Ávila explicó que la auditoría es ejecutada por la empresa Los Lapachos, contratada directamente por Nación, sin participación de la Provincia en la gestión del operativo. «La logística, los turnos y los puntos de atención dependen exclusivamente de la empresa», aclaró la funcionaria, al tiempo que remarcó las dificultades que atraviesan los beneficiarios para acceder al sistema, en especial en áreas con problemas de conectividad, transporte y escasa infraestructura.
Desde la Provincia, señaló Ávila, se vienen recepcionando reclamos y actuando de manera inmediata para contener a las poblaciones más expuestas. Anticipó además que la situación será elevada al próximo Consejo Federal de Salud (COFESA), con el objetivo de visibilizar los desafíos específicos de Salta.
Los legisladores, por su parte, expresaron su inquietud por la falta de información clara, las trabas burocráticas y la ausencia de criterios adaptados a realidades regionales. Reclamaron que se garanticen los derechos adquiridos y que ningún beneficiario legítimo pierda su cobertura por obstáculos administrativos.
Cabe recordar que la Cámara de Diputados ya había aprobado, en su sesión del 8 de abril, un proyecto de Declaración solicitando al Poder Ejecutivo Nacional medidas concretas para asegurar la continuidad de las pensiones en revisión.
El mensaje fue claro: la política pública debe tener rostro humano, y las auditorías no pueden convertirse en un nuevo factor de exclusión.
